La Fiscalía General de la República (FGR) recibió en extradición al ciudadano mexicano David R, detenido en mayo pasado en República Dominicana, quien es requerido por un juez de control en Mexicali, Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que generó un perjuicio patrimonial de aproximadamente 123 millones de pesos al erario estatal. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, luego de que agentes de Interpol lo capturaran en la zona turística de Punta Cana.
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, David R, de 52 años, actuó junto con otras personas en su carácter de delegados fiduciarios de un grupo financiero, celebrando contratos de fideicomiso con la participación de funcionarios públicos del estado de Baja California a pesar de saber que carecían de facultades legales para hacerlo. Los hechos están relacionados con el proyecto Next Energy, una planta fotovoltaica impulsada por el gobierno de Baja California, donde se habrían retenido indebidamente fondos públicos destinados a esta iniciativa de energía renovable.
La captura internacional fue posible gracias a una operación conjunta entre agentes de la Interpol Santo Domingo, adscritos a la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) y la Oficina Central Nacional (OCN). David R había permanecido prófugo de la justicia mexicana hasta su localización en República Dominicana, donde las autoridades coordinaron su arresto y posterior proceso de extradición. La Fiscalía General de Justicia de Baja California lo señala como uno de los principales responsables de la desviación de recursos que afectaron el desarrollo del proyecto energético estatal.
La extradición marca un avance significativo en la investigación de este caso de presunta corrupción que involucra a funcionarios públicos y ejecutivos financieros. David R será puesto a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere para enfrentar los cargos en su contra. Este caso forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir delitos financieros y de corrupción que afectan el patrimonio público, particularmente en proyectos de infraestructura energética que representan inversiones significativas para los gobiernos estatales.
