*CIBanco administra fideicomisos relevantes en infraestructura energética, como Fibra E. Intercam concentra operaciones en comercio exterior, divisas y servicios para inversionistas privados. Vector es una de las plataformas más grandes de administración de portafolios y servicios bursátiles.
Por: Diana Nava @Diann_Nava
Las alarmas no comenzaron con una redada, sino con una lista. Tres nombres impresos en un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bastaron para desatar una tormenta en el sistema financiero mexicano: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La acusación, lejos de ser menor, señala que estas instituciones facilitaron durante años el lavado de millones de dólares vinculados a cárteles del narcotráfico y permitieron pagos a Asia, principalmente a China, para adquirir los precursores químicos con los que se elabora fentanilo, la droga que ha cobrado más de cien mil vidas al año en Estados Unidos.
Esta vez, el golpe fue distinto. No solo por su escala, sino por su alcance simbólico: el Tesoro estadounidense dejó claro que en la guerra contra el fentanilo no hay intocables. Ni bancos. Ni figuras cercanas al poder. Y es que entre las entidades señaladas aparece Vector, casa de bolsa fundada por el empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según la investigación estadounidense, diversas operaciones financieras, realizadas de forma sostenida durante más de una década, permitieron movilizar recursos ligados a las redes de producción y distribución de fentanilo. Una pieza clave en ese entramado fue el uso de empresas pantalla y transferencias internacionales fraccionadas a empresas con sede en Asia. Las autoridades apuntan que detrás de esas operaciones habría funcionarios intermedios y ejecutivos financieros que actuaron, al menos, con negligencia grave.
Aunque Alfonso Romo no figura como implicado formalmente, su cercanía con el poder y su papel como fundador de Vector han avivado el interés político en este caso. Su etapa como puente entre la presidencia y la iniciativa privada vuelve ahora al centro del debate, justo cuando el país busca dejar atrás la administración de López Obrador.
La acusación no se limita a Vector. En el caso de Intercam, la investigación apunta a múltiples transferencias millonarias que habrían terminado en cuentas de compañías chinas asociadas con el suministro de precursores químicos. Además, se documentan encuentros entre ejecutivos de alto nivel del banco y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El objetivo: negociar mecanismos de lavado que permitieran ingresar fondos provenientes del narcotráfico al circuito bancario formal, ocultando su origen con estructuras de comercio internacional simuladas.
En paralelo, el caso de CIBanco revela una red de pagos internacionales canalizados a través de empresas mexicanas con vínculos sospechosos. Al menos una docena de transferencias dirigidas a Asia fueron identificadas por las autoridades estadounidenses como parte de un patrón sistemático de blanqueo. Uno de los empleados del banco habría incluso participado directamente en la apertura de cuentas usadas para esconder más de 10 millones de dólares pertenecientes a un operador del Cártel del Golfo.
Aunque las tres instituciones han negado los señalamientos, y en México no existe aún una acusación penal en firme, el impacto reputacional ha sido inmediato. La intervención gerencial de Intercam, CIBanco y Vector, anunciada ayer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, busca enviar un mensaje de control institucional, pero también es un reconocimiento de la gravedad del caso. La medida, de carácter temporal, sustituirá a los órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y de los clientes de dichas instituciones.
Las sanciones de Estados Unidos no son meramente simbólicas. El congelamiento de operaciones con el sistema financiero estadounidense implica una desconexión efectiva del ecosistema global. La imposibilidad de realizar operaciones en dólares compromete la estabilidad operativa de cualquier banco en México. Más aún si se trata de instituciones que gestionan fideicomisos, servicios internacionales y cuentas corporativas. Las prohibiciones comenzarán a ser efectivas 21 días después de su publicación en el Registro Federal, según el comunicado de la institución estadounidense.
La posibilidad de un retiro masivo de fondos por parte de los clientes ya ronda en el ambiente financiero. Algunos expertos advierten que, en un escenario extremo, podría producirse un problema de liquidez si muchas personas deciden retirar sus recursos al mismo tiempo. Aunque el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza hasta 400,000 UDIs por cliente —alrededor de 3.4 millones de pesos—, los montos superiores quedarían en riesgo si la situación escala hacia una quiebra bancaria.
En el contexto internacional, el caso tiene ecos de la multa impuesta el año pasado al TD Bank, que también enfrentó restricciones severas por violaciones a las leyes antilavado.
Ahora, lo ocurrido ahora en México marca un antes y un después: por primera vez se involucra a instituciones financieras con amplio alcance comercial, red de sucursales y vínculos con el poder político.
Más allá de las implicaciones legales, este episodio reaviva un debate que lleva años en suspenso: ¿qué tan vulnerables son los bancos mexicanos frente al dinero del crimen organizado? Las autoridades financieras han insistido en que el sistema es robusto y resiliente. Pero la evidencia de que, al menos durante años, pasaron transferencias millonarias sin levantar alertas suficientes, arroja dudas sobre la eficacia de los controles de cumplimiento. Expertos en regulación advierten que esta es solo la primera ficha de un dominó más amplio.
La plataforma de inversiones Fintual ya canceló relaciones comerciales con una filial de Intercam. Otros actores financieros podrían seguir el mismo camino si el riesgo reputacional se extiende. Y en el mercado, los inversionistas observan con recelo lo que ocurre, en espera de un golpe que pueda llegar a los portafolios de deuda, fondos de inversión y fideicomisos operados por estas entidades. Pero aun es muy temprano para plantear un escenario de ese calado.
Según cifras oficiales, CIBanco administra fideicomisos relevantes en infraestructura energética, como Fibra E, y ha ofrecido servicios fiduciarios a firmas como Total Play. Intercam, por su parte, concentra operaciones en comercio exterior, divisas y servicios para inversionistas privados. Vector, con sede en Monterrey, posee una de las plataformas más grandes de administración de portafolios y servicios bursátiles.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en defensa del sistema bancario nacional. Ha reiterado que, hasta ahora, las únicas faltas detectadas corresponden a deficiencias administrativas, ya sancionadas con multas por 134 millones de pesos. Pero el caso se ha convertido en una prueba temprana de fuego para su administración, que aún está en fase de consolidación. La presión de Washington para intensificar la colaboración en materia de narcotráfico es cada vez más explícita.
El episodio también plantea una disyuntiva de fondo para México: ¿puede un sistema bancario resistir la presión de intereses criminales si no cuenta con herramientas suficientes de fiscalización e inteligencia financiera? Las respuestas, por ahora, son inciertas. Pero lo que sí parece claro es que el blindaje financiero será, de aquí en adelante, una exigencia que trasciende al sector bancario: es una exigencia de soberanía.
La historia no termina aquí. La investigación apenas comienza. Y a medida que se desentrañan los vínculos entre instituciones, operadores financieros y organizaciones delictivas, el sistema se verá obligado a mirarse al espejo. Porque en esta guerra, ya no basta con declarar la intención de combatir al narco. Habrá que demostrarlo con cada transferencia, cada cuenta, cada decisión financiera que pase o no los filtros del escrutinio internacional.
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