Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) irrumpieron este miércoles en la casa de una periodista de The Washington Post en busca de supuesto material clasificado filtrado por un funcionario del Gobierno de Estados Unidos, según informó el propio medio estadounidense.
La actuación tuvo lugar en la casa de Hannah Natanson, reportera que cubre habitualmente asuntos relacionados con las condiciones laborales de los funcionarios del Gobierno federal.
Los agentes se presentaron en la vivienda de Natanson mientras ella se encontraba en el domicilio, situado en el estado de Virginia, a poco más de media hora en coche de Washington. Durante el registro, los investigadores del FBI incautaron el teléfono móvil de la periodista, dos ordenadores portátiles y un reloj Garmin, de acuerdo con lo publicado por el diario.
Según explicaron los agentes federales a la periodista, ella no era el objetivo de la investigación. La actuación se enmarcaba en una pesquisa centrada en un funcionario identificado como Aurelio Pérez-Lugones, informático en una oficina federal del estado de Maryland. Como responsable de sistemas informáticos, este trabajador contaba con una autorización de seguridad de alto secreto.
De acuerdo con la información difundida, Pérez-Lugones está acusado de llevarse a su domicilio informes clasificados. En una declaración jurada del FBI, los agentes aseguraron que localizaron el material secreto tanto en su fiambrera de comida como en el sótano de su vivienda. La investigación se centra en la supuesta sustracción y conservación indebida de documentación clasificada.
El allanamiento de la vivienda de una trabajadora de un medio de comunicación por parte de agentes federales es una práctica poco habitual en Estados Unidos. Hasta ahora, la Administración solía respetar el trabajo de los periodistas, aunque sí se han producido investigaciones federales relacionadas con filtraciones que afectan a la Casa Blanca, especialmente durante los gobiernos de Donald Trump, sin que ello implicara el registro de los domicilios de los profesionales de la información.
Hannah Natanson se ha especializado en cubrir los despidos masivos emprendidos por la Administración de Donald Trump. Desde que el presidente de Estados Unidos inició su segundo mandato, la reducción del tamaño del Gobierno federal se ha convertido en una de sus prioridades políticas. En ese contexto, Trump nombró a Elon Musk como responsable del departamento de recortes, denominado DOGE, acrónimo en inglés de Departamento de Eficiencia gubernamental.
Durante el año pasado, la plantilla pública del Gobierno federal se redujo en algo más de 277.000 funcionarios, según datos de la oficina estadística laboral. Estos recortes han sido objeto de seguimiento informativo por parte de Natanson, que ha informado sobre el impacto de las medidas en los trabajadores federales y en las distintas agencias gubernamentales.
En diciembre, la periodista publicó un artículo en primera persona en el que relató su experiencia cubriendo los despidos masivos de la Administración federal. En ese texto explicó que abrió una cuenta en una red social para solicitar testimonios de funcionarios que hubieran sido presionados o directamente despedidos. Según contó, recibió una avalancha de comentarios de trabajadores públicos que criticaban las tensiones en departamentos amenazados con cierres, el deterioro de sus condiciones laborales por la reducción de efectivos y las presiones para despedir a empleados federales.
En paralelo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ordenó anular una norma que impedía a los investigadores federales acceder a los registros telefónicos de periodistas con el objetivo de identificar a fuentes gubernamentales que hubieran filtrado información confidencial. Esta decisión supuso un cambio en la política aplicada hasta ese momento por el Departamento de Justicia.
Para justificar esa modificación, Bondi escribió en un memorando que “no tolerará divulgaciones no autorizadas que socaven las políticas del presidente Trump, victimicen a las agencias gubernamentales y causen daño al pueblo estadounidense”. El documento fue citado en el contexto del endurecimiento de las medidas contra las filtraciones de información.
Las presiones sobre los periodistas han aumentado bajo los gobiernos de Donald Trump. Desde su primer mandato, el presidente ha manifestado reiteradamente su descontento con las filtraciones y ha amenazado a los medios de comunicación con emprender acciones legales. Estas tensiones se produjeron a pesar de que Trump se enfrentó a una acusación penal por malversación de información clasificada.
Tras abandonar la Casa Blanca al perder las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, agentes del FBI encontraron material clasificado que no debía estar en posesión del expresidente en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Los archivos secretos estaban apilados en uno de los cuartos de baño y en otras estancias de la vivienda. Posteriormente, el caso fue desestimado.
The New York Times recordó que, durante los últimos días del primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia ordenó el registro de llamadas telefónicas y correos electrónicos de periodistas de los principales periódicos estadounidenses como parte de investigaciones sobre filtraciones. Ese antecedente fue citado al informar sobre el registro de la vivienda de la periodista de The Washington Post.
