Por: Elia Almanza
Ya pasaron 21 años de la desaparición de la estudiante de la UNAM, Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, ocurrida el 14 de diciembre de 2004 en el Estado de México, y su familia sigue sin encontrar justicia.
No solo enfrentaron corrupción en las instituciones de procuración y administración de justicia, sino que las autoridades encargadas de ayudarlos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), les ha dado la espalda y se ha convertido en un engrane más de un sistema opaco y obsoleto.
En conferencia de prensa, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Adela Alvarado Valdés, madre de Mónica, reiteró por enésima ocasión que la desaparición de su hija no fue un hecho aislado ni fortuito, sino el resultado de instituciones “indolentes y corruptas”, en donde persiste la impunidad.
“Desde el inicio señalamos que Mónica fue secuestrada y desaparecida por personas cercanas a su entorno, compañeros universitarios y vecinos, y que existían elementos suficientes para investigar una red delictiva organizada asentada en Ecatepec, Estado de México. Sin embargo, cuando el caso fue atraído por una fiscalía especializada dependiente de la Fiscalía del Estado de México, todo se descompuso”, afirmó la madre de la víctima.
Entre las inconsistencias se destacó que el expediente fue “mutilado” y desaparecieron apartados completos que vinculaban el caso con una banda delictiva encabezada por un comandante de la propia Fiscalía.
“No fue un error administrativo, fue encubrimiento institucional. Además, lo largo de los años abogados de los perpetradores, en colusión con jueces corruptos, lograron que personas involucradas salieran en libertad sin que las víctimas fuéramos notificadas, violentando nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la participación en el proceso”.
Adela recordó que miles de colectivos a lo largo de todo el país hacen el trabajo de las instituciones y frente a tanto dolor de la ausencia, también deben sacar fuerza para sortear una batalla con las dependencias. “Sobre todo instituciones que fueron creadas para ayudarnos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero que, en lugar de eso, nos da la espalda”.
CEAV y el desdén hacia las víctimas
Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina, denunció que han tenido que litigar durante años en contra de la CEAV, “una institución obscura donde no hay transparencia en sus procesos, en los criterios de sus decisiones, y que ha dado la espalda a muchas víctimas”, por ello dijo, tiene que ser reformada pero siempre con la participación de las familias.
Puso énfasis en la situación de salud, la propia y el de todas las personas que buscan un hijo o una hija, pues lo primero que se ve afectada. “Esta lucha ha sido desgastante, ha minado nuestra salud y es algo que frustra, duele mucho porque yo ya no soy aquel de hace 21 años, mi cuerpo se ha cansado pero el corazón no, el amor por mi familia y mi hija desaparecida me hace aguantar”.
La Ley General de Víctimas establece derechos fundamentales incluyendo la asistencia médica, psicológica y psiquiátrica. La CEAV es el órgano encargado de implementar y coordinar estas medidas de atención integral a nivel federal, junto con las comisiones estatales. Sin embargo, tanto Manuel como su esposa señalaron a la dependencia por ni siquiera tener una interlocución o seguimiento adecuado.
“Solamente debo confesar que tengo un temor muy grande, no es a morir, es a morir como han muerto varios de mis compañeros y amigos en esta lucha de 21 años, los he visto irse y han muerto, como me pasará a mí. Yo tengo ya poca vida, lo sé debido a mi problema renal, pero lo que me angustia es morir como ellos, sin haber sabido qué pasó con nuestros hijos. Pero el poco tiempo que me queda de vida no dejaremos de luchar. Si yo falto ahí se los encargo, no dejen sola a mi familia”.
En su oportunidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Idheas, litigio estratégico en derechos humanos, señaló que es lamentable que la CEAV y su titular, Yuriria Rodríguez, “no tengan en valor de sentarse nunca con nosotros”. Comentó que la funcionaria le ha cancelado reuniones a la organización en 15 ocasiones, la última en el contexto de una Audiencia en Washington sobre la situación de la salud de las madres buscadoras quienes viven con cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras.
Lo que los doctores de la CEAV les dicen a las madres, explica, es que no pueden probar que haya una enfermedad que tenga un vínculo con la desaparición, que no hay ninguna relación en estos hechos. “Es evidente que un oncólogo que no tiene una perspectiva de derechos que no entiende el dolor que sufren las personas va a decir que no existe un vínculo entre el cáncer y la desaparición, pero nosotros sí hemos tenido diálogo con las familias y las hemos visto deteriorarse y morirse”, destacó.
Solicitud de destitución de titular de CEAV, sin respuestas
Declaraciones como la que hace la mamá y el papá de Mónica Alejandrina no son nuevas. En los últimos meses, familias de personas desaparecidas y víctimas de violaciones a derechos humanos instalaron un plantón permanente afuera de la sede de la institución en la Colonia del Valle, mismo que posteriormente se trasladó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para exigir la renuncia de la comisionada president, Martha Yuridia Rodríguez.
Víctimas de tortura, desplazamiento forzado, familias de personas desaparecidas entre otras, señalaron malos tratos, revictimización, acuerdos adoptados en reuniones de trabajo sin cumplimiento y burocracia para acceder a las distintas medidas de asistencia y reparación integral, incluyendo el tema de salud. A esto se suma la difusión de un audio en donde la funcionaria habla de manera despectiva de las víctimas e instruye al personal “mostremos mucho cuerpo y músculo político ante la querulancia”.
En este contexto, a finales de mayo, el Centro PRO-DH presentó un informe sobre el funcionamiento de la CEAV en el que expresó su preocupación por la falta de garantía de un presupuesto mínimo anual para su funcionamiento, el desempeño de la asesoría jurídica y la revictimización frecuente como consecuencia de perfiles no idóneos para la Comisión.
También señaló que han pasado 10 años desde que sesionó por primera vez, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, Sistema en el que debe participar la presidencia de la República, el Congreso de la unión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras instituciones.
Finalmente, en la conferencia de prensa y acto por la memoria de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia destacó que nombrar a la joven, no sólo es un acto de dignidad y resistencia frente al olvido, sino para recordarle a las autoridades que la exigencia de justicia no prescribe y que no se trata de concesiones sino de derechos.
“Su presencia y voz cotidiana nos recuerdan que el derecho a la verdad no es una concesión sino un derecho exigible, que la búsqueda no es una opción sino un deber y que la memoria no pertenece al pasado, sino que es una responsabilidad presente que nos da mirada y rumbo de futuro”.
