Enrique Peña Nieto volvió a posicionarse públicamente ante los recientes señalamientos que lo vinculan con supuestos pagos millonarios hechos por empresarios israelíes a cambio de obtener contratos con el gobierno mexicano. Según reveló el medio The Marker, los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, este último propietario del Grupo KBH —relacionado con la venta del software de espionaje Pegasus—, habrían pactado un acuerdo financiero con el expresidente mexicano por al menos 25 millones de dólares.
Peña Nieto, actualmente fuera del país y alejado de la vida pública, ofreció una entrevista a Ciro Gómez Leyva, en la que rechazó de forma tajante las acusaciones, señalando que nunca recibió dinero ni participó en negociaciones que involucraran la asignación directa de contratos tecnológicos. “Jamás tuve atribuciones para decidir qué empresa debía contratar el gobierno”, dijo el exmandatario.
La controversia se originó en una disputa entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher por los beneficios derivados de sus operaciones comerciales en México, particularmente durante el sexenio de Peña Nieto. En el contexto de ese pleito legal, se hizo público un documento en el que uno de los involucrados afirma que la relación con el entonces presidente mexicano era parte del valor del negocio.
El medio israelí The Marker citó ese documento como prueba de que Peña Nieto habría aceptado un pago millonario a cambio de abrir las puertas de su administración para la contratación del software Pegasus, utilizado por diversas agencias de seguridad en México. El texto provocó una inmediata reacción en medios mexicanos, que retomaron la información, en algunos casos, asegurando que el expresidente había sido sobornado.
Peña Nieto acusa manipulación mediática y tergiversación
Peña Nieto se dijo víctima de una campaña de manipulación y tergiversación, especialmente por parte de los medios mexicanos. En su cuenta oficial de X, criticó duramente a los portales de noticias que retomaron la nota sin verificar su contenido ni contexto legal, y aseguró que su nombre no figura como receptor de ningún pago en el documento citado.
“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente”, escribió el expresidente, y añadió que los señalamientos en su contra carecen de sustento legal, probatorio o testimonial. Para Peña Nieto, los medios han actuado de manera interesada, sugiriendo la existencia de una intención política detrás de la cobertura del caso.
“Durante mi administración sostuve reuniones con miles de empresarios, tanto nacionales como internacionales”, dijo en su conversación con Gómez Leyva, aunque no descartó haber coincidido con alguno de los involucrados en el litigio, pero subrayó que ello no implica que haya existido una relación indebida o un acuerdo comercial ilícito.
El software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, ha estado envuelto en múltiples escándalos internacionales, luego de revelarse que gobiernos lo utilizaron para espiar a periodistas, activistas y opositores. En México, su uso ha sido particularmente polémico desde que se supo que distintas agencias federales adquirieron licencias del sistema durante y después del gobierno de Peña Nieto.
Aunque el exmandatario no niega que su administración conociera o utilizara el software, insiste en que las decisiones de adquisición se tomaron a través de instancias técnicas, y no desde la oficina presidencial. “Mi función era establecer lineamientos, pero no tuve injerencia en la contratación directa de ningún proveedor”, reiteró.
Organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19 y R3D, han reiterado su llamado a que se transparenten todos los contratos relacionados con Pegasus y que se aclaren las cadenas de responsabilidad sobre su uso ilegal en México. Si bien el caso actual se enmarca en un conflicto entre empresarios, consideran que su dimensión pública exige respuestas claras y verificables.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre porque decidió salir de México, el exmanadatario señaló que decidió irse “por respeto a la administración que le sucedió y mantenerse ajeno al actuar político de Andrés Manuel López Obrador”.
