*Desde su prisión domiciliaria una de las implicadas clave en el Caso Wallace advierte que la decisión de la SCJN de liberar a Juana Hilda ha comenzado a derribar un proceso construido con pruebas presuntamente fabricadas.
Por: Elia Almanza @EliaAlmanzaA
Brenda Quevedo, una de las imputadas por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, asegura que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dar libertad inmediata a Juana Hilda González Lomelí, es un parteaguas en el caso Wallace, e impacta directamente en su proceso, al igual que en el sus coacusados, por lo que es importante que las fuerzas y “brazos de aquí y el más allá” no insistan nuevamente en entorpecer la búsqueda de justicia.
En entrevista desde su casa, en donde está por cumplir un año de prisión domiciliaria luego de haber pasado 17 años en la cárcel, es decir 18 años en total sin sentencia, comenta que como pocas veces tiene sentimientos encontrados; por una parte, se siente emocionada con la posibilidad de que pueda obtener su libertad, pero a la vez, siente miedo ante un aparato de impunidad que ha permitido que “las mentiras sigan por encima de todo”.
“Estoy muy emocionada en pensar que esto ya puede llegar al principio del fin para todos, pero también de repente con un poco de miedo porque siempre pareciera que existen brazos de ‘aquí y del más allá’ que siguen entorpeciendo este tipo de prácticas de justicia”, explicó.
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro total al caso Wallace. Un proyecto de amparo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aprobado por mayoría de votos, determinó la liberación de Juana Hilda, quien llevaba 20 años en prisión de una sentencia de más de 70 años, por el presunto secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
De acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), representantes de Brenda Quevedo, esta resolución debe tener efectos inmediatos en los casos de las personas coprocesadas: César Freyre Morales y Albert y Tony Castillo Cruz, cuyos juicios de amparo directo estaban suspendidos en espera de esta decisión; así como de Jacobo Tagle Dobín y la misma Brenda, quienes continúan bajo proceso. “En todos los casos la acusación se basa en las mismas pruebas que la SCJN declaró nulas, por lo que deberán excluirse de forma inmediata”, señala un comunicado.
Dieciocho años sin sentencia y el retorno “a medias”
Brenda tiene una actitud serena, paciente, sonríe y responde con seguridad y firmeza a todas preguntas, aunque pesan sobre ella restricciones específicas para hablar del proceso en curso. Comparte que fue mucho el trabajo emocional y psicológico para poder hablar sobre las cosas más horribles que puede vivir una persona, en su caso estando en prisión, donde se supone que las personas están “bajo la tutela del Estado”, pero que finalmente son las propias autoridades las responsables de su tortura y violencia sexual.
“Pasaron tantas cosas en mi vida, pérdida de oportunidades, todo lo que estuve separada de mi familia, pero sobre todo cómo me lastimaron físicamente con las torturas, lo emocional con el abuso sexual que hubo. Es difícil para mí hablarlo, pero creo que es importante no callar, porque estas acciones no pueden repetirse y no podemos permitir que le pasen a nadie más. Es necesario pedir justicia y evidenciar las faltas del sistema y de servidores públicos”.
Brenda Quevedo fue detenida en 2007 en Estados Unidos y posteriormente extraditada a nuestro país en 2009 por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en modalidad de secuestro. Es sobreviviente de tortura sexual en cárceles mexicanas, una de esas agresiones en 2010, en la cárcel de Islas Marías, clausurada en 2019 por parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que, aunque son prácticas que lamentablemente persisten, antes eran más expuestas: “Me tocó ver muchos casos en esos tiempos en que estaba esto al rojo vivo y la tortura y la violencia sexual era una práctica muy común. Se empezaba a normalizar ver a mujeres que llegaban golpeadas, lastimadas, quemadas de los pezones, de sus partes íntimas, eran cosas muy fuertes”.
Uno de los pilares y la fuerza que le ha permitido seguir durante casi dos décadas, señala, fue el apoyo de su familia, y la lucha incansable de su madre Enriqueta Cruz, quien dicen nunca se cansó a pesar de todos los obstáculos en el sistema de justicia penal. Hoy su mamá sobrelleva enfermedades, secuelas de tantos años de descuido, preocupación y presiones por obtener los recursos necesarios para mantener vigente la defensa de su hija.
“Mi familia ha sido uno de los pilares más importantes para salir adelante, pero evidentemente fue difícil pues en esos años estaban muy lejos. Tenía castigos en la cárcel, no podía hablar por teléfono, tenía llamadas espaciadas. Una vez, por ejemplo, me castigaron un año sin visita, ¿de dónde se agarran fuerzas con eso? A mi madre le debo todo, porque nunca se cansó de meter escritos tocar puertas esperar que alguien le escucharan, y fueron 17 años”, destacó.
Hoy empieza a ordenar su vida a pesar de que el proceso sigue en curso: “Me encuentro en un momento donde empiezo a pegar las piezas rotas, en donde aún existe emoción, después de tantos años, tanto luchar por mi familia, por mí, por dar a conocer todo esto y cuesta arriba de tratar de exigir justicia. Luego de exigir que se nos escuchara que nos dieran un trato justo y digno en los juzgados, hoy persiste esa lucha en esta libertad a medias”.
En este sentido, Brenda habla de lo complejo que ha sido también la prisión domiciliaria, pues aunque todo el tiempo repite los años que estuvo en prisión y que significan pérdida de cosas esenciales, en los hechos, “el choque de realidad es brutal”.
“Yo creo que uno idealiza todo lo que no tiene o lo que deseas tanto, como la casa, las cosas, la comida, y así yo idealicé todo. Y en mi caso fue un tremendo el encuentro entre el tiempo, los recuentos de los daños. Para que se den una idea, con la tecnología, por ejemplo, hace un año no sabía cómo se usaba un celular con pantalla, no sabía quién era ‘Alexa’ y cómo era posible que si le hablaba contestara. Es algo que da risa, pero a la vez impacta porque da cuenta de los años de ausencia”, afirma.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en la Opinión 45/2020 señaló su preocupación por la situación de Brenda Quevedo, al considerar, es uno de los muchos casos que se le han presentado relacionados con la privación arbitraria de la libertad que podrían dar cuenta de una práctica sistemática en el país. Ante ello pidió la liberación inmediata y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.
Sin embargo, a Brenda se le hace un nudo en la garganta cuando se trata de hablar de “reparación del daño”: “¿Cómo te pueden reparar destrozarte la vida de esta forma? Algunas personas me dicen ‘pero ya regresaste a casa con tu familia’, pero es que no es tan fácil, perdimos casi todo menos la vida, mi madre su salud, mi hermano asilado en otro país y económicamente todo lo que trabajaron.
¿Cómo le pones a eso un precio, cómo luego de estar exhibida en un espectacular, cómo le pones precio a ese dolor que sintió mi familia al ver mi foto de ese tamaño, mi hermano al tener un espectacular al enfrente de la escuela donde estudiaba, cómo puedes ponerle un precio a eso?”, asegura con la voz entre cortada.
¿Qué sigue para Brenda Quevedo?
Si bien la valoración de las pruebas queda en nulidad de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, el camino no es rápido ni inmediato. De acuerdo con su defensa resta determinar si existe un desistimiento de las mismas o bien, se solicita el cierre de instrucción para que se dé, a su vez, una resolución pronta a partir de precedente que está dejando en estos momentos el máximo tribual.
Brenda Quevedo se encuentra procesada en la causa penal 1/2024 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. En este proceso se declaró agotada la instrucción desde el 21 de abril de 2014, en términos de lo establecido en el artículo 150 del Código Feral de Procedimientos Penales, sin embargo, han transcurrido más de 10 años y 10 meses, sin que se haya decretado el cierre de la instrucción.
El 6 de diciembre de 2023 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Circuito resolvió el amparo en revisión 171/2023, en el que analizó cómo los anuncios espectaculares y la difusión del material probatorio en contra Brenda Quevedo Cruz, vulneraron sus derechos fundamentales, pues la exhibición de personas presenta una forma de maltrato que favorece la ilegalidad.
El 21 de junio de 2024 se emitió una resolución en la que estableció que procede el cese de la prisión preventiva, por lo que en audiencia celebrada el 24 de junio de 2024, el Juez de la causa, en cumplimiento a la resolución, estableció diversas medidas cautelares como el arraigo domiciliario con vigilancia de la Guardia Nacional y el uso de localizador electrónico -cuyo costo corre a cargo de la FGR.
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