La célula de sicarios del grupo criminal Los Viagras, a la que el gobierno federal atribuye el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo Manríquez, mantiene sólidas relaciones en Michoacán. De acuerdo con informes de inteligencia militar, el presunto autor intelectual del crimen, Rigoberto López Mendoza, forma parte del grupo encabezado por Nicolás Sierra Santana, el Coruco, líder que controla las extorsiones en la región de Tierra Caliente y que, según los reportes, ha tenido interlocución con Anabel Bedolla Marín, tía del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
Los documentos refieren que Anabel Bedolla está casada con Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, exalcalde de Aguililla, quien integró las organizaciones La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Viagras. Comparán se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, y un informe de inteligencia añade que fue propietario de una gasolinera en Aguililla que “se abastece con hidrocarburos extraídos de tomas clandestinas”.
En los mismos reportes aparece César Alejandro Sepúlveda Arrellano, alias el Botox, identificado como líder criminal que inicialmente fue aliado y luego rival del Coruco. Según el Ejército, el Botox encabezó una red de extorsión a empresarios limoneros en Buenavista, con la anuencia de Sergio Báez Torres, exalcalde y exdiputado local por Morena. Un informe militar de 2021 dirigido al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) documenta que el Botox cobraba un peso por kilo de limón a los productores y controlaba la policía municipal de Buenavista.
De acuerdo con la periodista Dalia Martínez, colaboradora de Proceso en Michoacán, el Botox continúa ejerciendo presión sobre los citricultores de la región mediante amenazas y cobros de cuotas. Estas acciones se habrían intensificado en los meses previos al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán e integrante de la Asociación Nacional de Citricultores de México. Bravo convocó a una manifestación para reclamar la extorsión y la caída del precio del limón, e incluso planeaba tirar toneladas del fruto frente al gobernador Bedolla como forma de protesta.
El empresario fue secuestrado el 19 de octubre y hallado sin vida un día después, con huellas de tortura, en la carretera que une Apatzingán y Cenobio. Dos días después, el 21 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Rigoberto “N”, alias el Pantano, identificado como jefe operativo de un grupo dedicado al cobro de extorsiones a productores de limón y señalado como autor intelectual del asesinato de Bravo. Una ficha de inteligencia militar confirma que el Pantano forma parte del grupo de sicarios de Nicolás Sierra Santana, el Coruco.
Desde hace nueve años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene un seguimiento sobre los hermanos Sierra Santana, líderes de Los Viagras, quienes emergieron durante el levantamiento de las autodefensas en Michoacán. Entre ellos destaca Nicolás Sierra Santana, jefe actual de la organización, con operaciones en Buenavista, Apatzingán, Morelia, Ario de Rosales, Zamora, Uruapan, Nueva Italia, La Huacana, Taretan y Jacona. Su grupo forma parte de la red de Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, líder de los Cárteles Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por la captura del Coruco, debido a sus vínculos con los Cárteles Unidos, una de las seis organizaciones criminales mexicanas que el presidente Donald Trump designó como grupos terroristas.
Los informes de inteligencia elaborados por la Sedena, filtrados tras el hackeo del colectivo Guacamaya, detallan la estructura operativa de Sierra Santana, la cual incluye empresas y funcionarios coludidos, así como las coordenadas GPS de un inmueble donde el Coruco “históricamente se ha ocultado”.
En agosto de 2022, Anabel Bedolla buscó reunirse con el Coruco, quien instruyó a su mano derecha, Alberto García Flores, la Peggy, a recibirla en las instalaciones de la empresa Acopio de Cítricos de Apatzingán, administrada por el grupo criminal. Los reportes militares detallan las coordenadas de dicho lugar y señalan que la Peggy es uno de los operadores directos de las redes de extorsión controladas por Sierra Santana.
La familia de Bernardo Bravo identificó a la Peggy como uno de los criminales que amenazaron al empresario antes de su asesinato. Desde hace tres años, la Sedena tiene evidencia del papel de este operador en las redes de cobro de cuotas en la región.
En enero de 2022, la Sedena interceptó comunicaciones donde la Peggy ordenaba extorsionar a carniceros y particulares con cuotas de 80 pesos por vaca sacrificada y también a “quien mate cerdos”. En otra conversación, hablaba sobre los bajos precios del limón y el malestar que esto provocaba en el Coruco, por el impacto negativo en sus intereses económicos.
Semanas después, nuevos reportes indicaron que la Peggy coordinaba el cobro de cuotas a camiones repartidores de Coca-Cola, y fijaba precios del pollo en la zona. La Sedena identificó además que el operador administraba tres molinos en Buenavista, donde acaparaba la compra de limón y cobraba cuotas en beneficio del Coruco. Según estimaciones militares, el líder criminal obtenía hasta 60 mil pesos diarios solo de esta actividad, además de ingresos por la venta de cítricos a las empresas Citrolim, S.A. de C.V., y Citrojugo, ambas ubicadas en Apatzingán.
Alberto García Flores, la Peggy, fue detenido en febrero de este año, luego de una serie de operaciones del Ejército en Tierra Caliente.
Los reportes de inteligencia confirman que el asesinato de Bernardo Bravo se produjo en un contexto de enfrentamiento entre grupos delictivos y productores que denunciaban las extorsiones, lo que revela la influencia persistente de Los Viagras sobre la economía y la seguridad en Michoacán.
La información disponible muestra que las redes criminales mantienen vínculos con actores políticos locales, controlan el mercado del limón y operan estructuras empresariales para lavar recursos. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación del homicidio de Bravo, considerado un caso emblemático del impacto del crimen organizado en el sector agrícola de Tierra Caliente.
