Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como presunto líder de la organización criminal La Barredora, logró que un juez federal concediera una suspensión temporal para evitar su detención, según documentos judiciales consultados este miércoles. La medida, promovida el pasado 4 de abril a través de un amparo, impide temporalmente la ejecución de la orden de aprehensión en su contra mientras se resuelve el recurso legal, aunque no representa una determinación definitiva sobre el caso.
El juzgador federal ordenó la “suspensión de plano” respecto a “la privación de la libertad y/o detención fuera de procedimiento judicial”, así como sobre posibles actos de “incomunicación y desaparición forzada”. No obstante, el fallo estableció un plazo de tres días para que el exfuncionario ratifique su demanda de manera presencial o por escrito, advirtiendo que de no hacerlo se desecharía el amparo. Esta decisión contrasta con el rechazo previo de un juez federal en Baja California a otorgar una suspensión definitiva contra cualquier orden de captura.
Hernán Bermúdez Requena enfrenta una orden de aprehensión autorizada por un juzgado de Tabasco por su presunta participación en delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Las investigaciones lo vinculan con el grupo delictivo La Barredora, acusado de operar en Tabasco, Chiapas y Veracruz mediante extorsiones, tráfico de migrantes y otros ilícitos.
El expediente judicial revela que el exsecretario se encuentra prófugo desde que dejó el cargo a inicios de año, poco antes de que se emitiera la orden de captura en su contra. Mientras el amparo sigue su curso, las autoridades mantienen activa la búsqueda, aunque no podrán ejecutar la detención mientras la suspensión temporal permanezca vigente.
Este desarrollo legal ocurre en el marco de la estrategia federal contra La Barredora, organización que habría infiltrado instituciones de seguridad en Tabasco durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena. El caso ha cobrado relevancia nacional por los disturbios del llamado “viernes negro” en diciembre de 2023, cuando grupos armados paralizaron la entidad en presunta represalia por operativos contra la banda.
Expertos en derecho penal consultados señalan que la suspensión obtenida es un recurso común en procesos de amparo, pero advierten que no prejuzga el fondo del asunto. El juez deberá resolver en las próximas semanas si confirma la medida de manera definitiva o la revoca, lo que permitiría a las autoridades proceder con la captura. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa con la integración de la investigación por los delitos imputados al exfuncionario.
