El gobierno del estado de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, llevó a cabo la expropiación de tres terrenos que suman poco más de 7 hectáreas ubicados en la zona residencial de Lomas del Castillo, los cuales se encontraban a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del dirigente nacional del PRI Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, a quien el gobierno estatal señala como su presunto prestanombres. La medida se fundamentó en una declaratoria de “Utilidad Pública” publicada en un decreto en el Periódico Oficial la semana pasada, destinando los predios para la construcción de la Escuela de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Los predios expropiados incluyen un terreno de 1.4 hectáreas a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del líder priista, y dos terrenos adicionales registrados a nombre de Juan José Salazar Ferrer, uno de 1,111 metros cuadrados y otro de 5.2 hectáreas. La Fiscalía de Campeche ha señalado que Salazar Ferrer recibió directamente esos dos terrenos de parte de Alejandro Moreno mediante “dación de pago”. En total, los tres terrenos se encuentran colindantes con la residencia del dirigente del PRI y de su madre dentro del exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo.
La gobernadora Layda Sansores se refirió a la expropiación como un “acto de justicia” durante su programa “Martes del Jaguar” la noche del martes, mencionando que uno de los terrenos estaba “enfrentito de su casa” y contaba con amenidades como una cancha de pádel, un jardín para fiesta y caminos. La mandataria estatal justificó la acción aludiendo a la Ley de Expropiación recientemente aprobada en Campeche que sustentó la medida, y señaló que, al declararse de utilidad pública, “ahora sí no se valen los amparos”, sugiriendo que la próxima aprobación de la polémica nueva Ley de Amparo en el Senado impediría a Moreno obtener una suspensión de la acción.
Además de los tres terrenos vinculados a Moreno, el decreto de expropiación incluye otro predio de 2 hectáreas que es propiedad de Rafael Arturo Castilla Azar, actual funcionario del Gobierno de Layda Sansores, y Gabriela Castilla Azar. Esta ampliación del decreto expropiatorio a propiedades de un funcionario en activo del gobierno estatal muestra el carácter general de la medida, aunque la atención se ha centrado particularmente en los terrenos vinculados al expresidente estatal del PRI.
Por su parte, Alejandro Moreno reconoció en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula que el gobierno de Campeche le expropió un terreno a su madre y aseguró que lo enfrentará legalmente, calificando la acción como “persecución política”. El dirigente nacional del PRI describió como “locuras, falsedades y calumnias” las acusaciones sobre terrenos de siete hectáreas en poder de allegados suyos, afirmando que el decreto expropiatorio es “anticonstitucional, arbitrario y tendencioso”.
La expropiación ocurre en un contexto donde Alejandro Moreno, quien fungió como gobernador de Campeche de 2015 a 2019, es investigado por la Fiscalía de Campeche por presunto peculado, abuso de autoridad, y uso indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía también acusa a Moreno de haber adquirido al menos 13 terrenos en Lomas del Castillo entre 2012 y 2015, cuando era diputado federal, sin haberlos declarado a su nombre y bajo supuestas irregularidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso durante su conferencia matutina, afirmando que el dirigente priista Alejandro Moreno adquirió propiedades en Campeche con recursos producto de lavado de dinero y corrupción. “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema”, señaló la mandataria federal, respaldando así las acciones del gobierno campechano y añadiendo una dimensión nacional al conflicto político y legal en torno a estas expropiaciones.
