Un grupo de ex trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tomó el edificio de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ubicado en Insurgentes Sur, Ciudad de México, para exigir el pago de indemnizaciones que, aseguran, les fueron prometidas tras la extinción del IFT el 17 de octubre de 2025.
Los manifestantes, alrededor de 70 personas, señalaron que la medida ocurrió luego de que la desaparición del organismo federal dejó sin empleo a personal de libre designación, pese a su estabilidad laboral y derechos constitucionales.
De acuerdo con los ex trabajadores, la toma del inmueble se realizó de manera simbólica, pero con la intención de mantenerla hasta que la CRT cumpla los acuerdos establecidos. Afirmaron que están dispuestos a permanecer en el sitio durante la noche y no descartaron el cierre de Insurgentes Sur, tal como lo hicieron meses atrás, si no reciben una respuesta formal por parte de las autoridades. Entre los accesos rodeados por los inconformes se observan lonas, pancartas y la presencia constante de los representantes del grupo que coordina las acciones.
La protesta tiene su origen en el proceso de “simplificación orgánica” impulsado por el gobierno federal, mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue oficialmente extinguido el 17 de octubre pasado. Según los inconformes, la decisión dejó en una situación laboral incierta a cientos de servidores públicos, con especial afectación para 133 trabajadores de mando de libre designación que desempeñaban funciones operativas y administrativas. Aseguran que, hasta la fecha, ninguno ha recibido las indemnizaciones que, sostienen, les corresponden por ley.
Los manifestantes consideran que esta omisión vulnera derechos laborales y constitucionales, además de generar incertidumbre económica para sus familias. “Actualmente muchos de los afectados están desempleados, sin ingresos, sin seguridad social y sin certidumbre jurídica”, explican los representantes del grupo. Las movilizaciones, que incluyen cierres viales en Insurgentes Sur, buscan visibilizar la situación ante la autoridad que sucedió al IFT: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El conflicto se agudizó por la interpretación del artículo noveno transitorio sobre indemnizaciones. De acuerdo con los inconformes, algunos legisladores y el Pleno del IFT limitaron dicho beneficio al personal de concurso, excluyendo al personal de libre designación, pese a que este contaba con estabilidad laboral.
Según lo expuesto por los ex trabajadores, el Pleno del IFT reconoció en su momento que la estabilidad aplicaba a todos los integrantes del Sistema de Servicio Profesional del instituto, excepto al personal eventual. Sin embargo, se utilizó como argumento una tesis aislada del Poder Judicial de 2016 que distingue entre personal de carrera y trabajadores de libre designación en cargos de alta dirección con confianza política, condición que —afirman— no corresponde a su caso, pues ellos realizaban labores de mando operativo y administrativo.
En respuesta, la Agencia de Transformación Digital confirmó que los extrabajadores de “libre designación” del extinto IFT demandan una liquidación adicional al finiquito otorgado por el instituto. La dependencia señaló que la CRT ha mantenido un diálogo permanente con el grupo para mediar el proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero indicó que dicha mediación ya no es posible debido a que los extrabajadores “decidieron firmar su baja ante el extinto organismo, a fin de acceder a su seguro de separación”.
Según la institución, ese trámite implica que ahora deben dirigirse a las autoridades laborales para continuar con el proceso. La agencia agregó que varios de los afectados se desistieron de la exigencia de liquidación, motivo por el cual el grupo pasó de 133 a 89 integrantes. Afirmó que la CRT seguirá actuando con transparencia y apego a la normatividad.
Los trabajadores, por su parte, rechazan que la firma de esa hoja represente una renuncia a sus derechos. Aseguran que dicho documento “no conlleva jurídicamente ninguna renuncia de trabajo ni de derechos ya que es solo para efectos de cobrar su seguro de separación (ahorro)”. También apuntaron que las autoridades estaban informadas sobre la firma desde el 29 de septiembre, antes de la extinción del IFT, y que desde el 17 de octubre tenían en su poder los expedientes correspondientes.
Mientras continúa la protesta y el cierre intermitente de accesos en Insurgentes Sur, los ex trabajadores reiteran su exigencia de que la CRT reconozca las indemnizaciones que consideran les corresponden conforme a la ley. El grupo anticipó que mantendrá las movilizaciones hasta recibir una respuesta definitiva por parte de las autoridades responsables.
