Este día, aproximadamente 50 ex trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ubicadas sobre la avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, para exigir el pago de indemnizaciones que, aseguran, permanecen pendientes desde la desaparición del IFT.
Como parte de la protesta, los inconformes bloquearon los carriles de circulación de Insurgentes Sur en sentido de norte a sur, incluido el carril confinado del Metrobús, lo que provocó la suspensión del servicio en ese tramo. El cierre vial se realizó mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentaba su Plan de Licitación 5G, hecho que coincidió con la movilización de los ex trabajadores.
Los manifestantes señalaron que la protesta se originó tras la negativa de la autoridad a cubrir las indemnizaciones correspondientes, bajo el argumento de que los trabajadores firmaron su baja del organismo, lo que, según las autoridades, equivale a una renuncia. Los ex empleados rechazaron esta interpretación y reiteraron que su demanda se basa en acuerdos previamente establecidos tras la extinción del instituto.
Los ex trabajadores solicitaron que se retome el diálogo con la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, y que se cumplan los compromisos que, aseguran, fueron asumidos con ellos durante el proceso de desaparición del IFT. Indicaron que permanecerán en guardia hasta recibir una respuesta formal por parte de las autoridades.
Durante la manifestación se observaron lonas y pancartas colocadas en los accesos al edificio de la CRT, así como la presencia constante de representantes del grupo que coordina las acciones. Los inconformes afirmaron que están dispuestos a mantener las movilizaciones de manera indefinida mientras no exista una solución a sus demandas.
Además el llamado “Movimiento IFT 133 por nuestra indemnización” emitió un posicionamiento señalando que la extinción del Instituto implicó la terminación de relaciones laborales con personal altamente calificado que, durante muchos años, contribuyó a la estabilidad regulatoria, a la certeza jurídica de los mercados de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la credibilidad del Estado mexicano frente a inversionistas nacionales e internacionales.
Advierte que existen indemnizaciones legalmente exigibles que no han sido cubiertas y los extrabajadores cuentan con derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la legislación laboral vigente. Además considera que la falta de resolución mantiene abierto un frente de conflicto jurídico, reputacional y presupuestal innecesario.
Considera que, negarse a retomar el diálogo por parte del IFT no elimina la obligación; posponer el pago no reduce el monto; ignorar el problema no protege la imagen institucional. Por el contrario; prolonga la incertidumbre, incrementa el riesgo de largos litigios y envía una señal equivocada a la sociedad: que el Estado cumple selectivamente.
La protesta tiene su origen en el proceso de “simplificación orgánica” impulsado por el gobierno federal, mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue oficialmente extinguido el 17 de octubre de 2025. De acuerdo con los ex trabajadores, esta decisión dejó en una situación laboral incierta a cientos de servidores públicos, con especial afectación para 133 trabajadores de mando de libre designación que realizaban funciones operativas y administrativas.
Según los inconformes, hasta la fecha ninguno de estos trabajadores ha recibido las indemnizaciones que consideran les corresponden conforme a la ley. Señalaron que la falta de pago vulnera derechos laborales y constitucionales, además de generar incertidumbre económica para sus familias. “Actualmente muchos de los afectados están desempleados, sin ingresos, sin seguridad social y sin certidumbre jurídica”, explicaron los representantes del grupo.
El conflicto se intensificó debido a la interpretación del artículo noveno transitorio relacionado con las indemnizaciones. De acuerdo con los manifestantes, algunos legisladores y el Pleno del IFT limitaron este beneficio únicamente al personal de concurso, excluyendo al personal de libre designación, a pesar de que este último contaba con estabilidad laboral.
Los ex trabajadores señalaron que el Pleno del IFT reconoció en su momento que la estabilidad laboral aplicaba a todos los integrantes del Sistema de Servicio Profesional del instituto, con excepción del personal eventual. Sin embargo, afirmaron que se utilizó como argumento una tesis aislada del Poder Judicial de 2016, que distingue entre personal de carrera y trabajadores de libre designación en cargos de alta dirección con confianza política, condición que —aseguran— no corresponde a sus funciones, ya que realizaban labores de mando operativo y administrativo.
