El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el empresario Michael Ibarra Díaz Jr. y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las medidas, anunciadas este martes, también incluyen a tres operadores previamente identificados del cártel y buscan bloquear activos en EU vinculados a esta red que habría defraudado $300 millones a 6,000 víctimas estadounidenses desde 2019.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ibarra Díaz, contador de profesión, operaba negocios turísticos legales como fachada mientras coordinaba el esquema fraudulento durante 20 años en Puerto Vallarta y Nayarit. La investigación reveló que el CJNG obtenía datos de propietarios de tiempos compartidos a través de contactos en hoteles, para luego engañarlos con ofertas falsas de compra o renta mediante call centers con operadores bilingües. Las víctimas, principalmente adultos mayores, transferían en promedio $28,912 (≈$500,000 MXN) por supuestos trámites que nunca se concretaban.
Entre las empresas sancionadas figuran Akali Realtors, Sunmex Travel y Corporativo Integral De La Costa, todas presuntamente utilizadas para lavar dinero del fraude. Las medidas prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con estos entidades y congelan sus activos en territorio norteamericano. La red operaba con un modus operandi sofisticado: tras el fraude inicial, estafadores se hacían pasar por abogados o incluso por agentes de la OFAC para exigir nuevos pagos bajo amenaza de acciones legales.
El FBI documentó 1,300 transacciones sospechosas por $23.1 millones solo en los últimos seis meses, aunque estima que las pérdidas reales superan los $300 millones desde 2019, considerando que muchas víctimas no denuncian. La alerta emitida en julio de 2024 permitió a instituciones financieras identificar patrones comunes: transferencias internacionales a bancos mexicanos, uso de intermediarios y ofertas “demasiado buenas para ser reales”.
Los otros sancionados –Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro– habían sido previamente identificados como operadores del CJNG en Puerto Vallarta, con roles que iban desde el fraude hasta coordinación de homicidios. Su inclusión refuerza los vínculos entre la estructura criminal y el esquema de tiempos compartidos, que el cártel controla en la región desde 2012 según el Tesoro.
Expertos en seguridad señalan que estas sanciones revelan la diversificación del CJNG en delitos de “cuello blanco”, utilizando profesionales como contadores y abogados para operaciones complejas. El caso demuestra cómo los cárteles mexicanos han perfeccionado métodos de fraude transnacional que explotan la confianza de víctimas estadounidenses, particularmente en sectores turísticos con alta afluencia de jubilados.
Autoridades recomiendan a propietarios de tiempos compartidos en México verificar minuciosamente cualquier oferta de compra o renta, especialmente aquellas que requieren pagos anticipados. El Tesoro enfatizó que ninguna agencia gubernamental legitima exige pagos por teléfono para “liberar fondos” o evitar acciones legales, práctica común en estos fraudes.
Esta acción se enmarca en la estrategia estadounidense para combatir las finanzas del crimen organizado mexicano, que en años recientes ha incluido sanciones a familiares de líderes narcos y empresas fantasma. Las investigaciones continúan abiertas, con posibilidad de más designaciones conforme se identifiquen otros participantes en el esquema que opera desde la costa de Jalisco.
