La Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este jueves el aumento a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una alianza con el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales para traficar drogas hacia territorio estadounidense. La decisión se produce tras la incautación récord de 30 toneladas de cocaína vinculadas a su régimen.
“Maduro utiliza organizaciones narco-terroristas como las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas y violencia en nuestro país”, declaró Bondi durante una conferencia de prensa. Según la DEA, 7 toneladas de las drogas incautadas están directamente relacionadas con Maduro, representando una fuente clave de financiamiento para cárteles en Venezuela y México. El gobierno estadounidense considera al mandatario venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Las acusaciones fueron respaldadas por Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, quien confirmó la relación entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles desde los años 90. Esta alianza habría establecido rutas seguras para transportar drogas desde Colombia hasta Estados Unidos a través de México. El Departamento de Estado señala que estas redes mantienen vínculos con grupos como el Tren de Aragua, considerados amenazas para la seguridad hemisférica.
La recompensa actualizada forma parte de una estrategia ampliada de la administración Trump contra el narcotráfico internacional. Bondi enfatizó que “bajo el liderazgo de Trump, Maduro no escapará la justicia”, reforzando el compromiso de Washington con el desmantelamiento de estas redes criminales. La medida ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral, donde Estados Unidos mantiene sanciones económicas contra el gobierno venezolano.
Expertos en seguridad internacional consultados señalan que este incremento en la recompensa -que duplica el monto anterior- refleja la prioridad que representa Maduro para la política antidrogas estadounidense. Sin embargo, analistas políticos advierten que la captura del mandatario venezolano enfrenta complejos desafíos diplomáticos y jurídicos, dado su estatus como jefe de Estado.
El gobierno venezolano no ha respondido oficialmente al anuncio, pero en ocasiones anteriores ha negado categóricamente estas acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de desprestigio internacional. Mientras tanto, la DEA continúa investigando los flujos financieros y logísticos que conectan a los cárteles mexicanos con redes criminales en Venezuela, en lo que consideran una de las mayores amenazas narcoterroristas para la región.
Esta decisión marca un nuevo capítulo en la presión internacional contra el gobierno de Maduro, combinando herramientas judiciales, económicas y ahora de inteligencia ciudadana a través del programa de recompensas. Las autoridades estadounidenses instan a personas con información relevante a comunicarse con las embajadas o consulados de EE.UU. en cualquier parte del mundo, garantizando confidencialidad y protección para los informantes.
