El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha determinado que su país está involucrado en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son “combatientes ilegales”, según declaró su Administración en un aviso confidencial enviado esta semana a varios comités del Congreso.
La notificación, difundida por varios medios de comunicación estadounidenses, proporciona la justificación legal para considerar como acciones legítimas y no como asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, operaciones que dejaron un saldo de 17 fallecidos y en las que al menos dos de las embarcaciones interceptadas procedían de Venezuela.
El aviso al Congreso afirma que Trump ha determinado que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.
El documento precisa que “con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”. Esta clasificación legal consolida los poderes extraordinarios del mandatario en tiempos de guerra para enfrentar a estas organizaciones criminales.
Según especialistas legales consultados por The New York Times, la decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a ejercer facultades excepcionales propias de escenarios bélicos.
Esta postura representa una expansión significativa en el enfoque de seguridad nacional estadounidense hacia el narcotráfico, equiparando a las organizaciones criminales con actores beligerantes en un conflicto armado no internacional, lo que conlleva implicaciones profundas tanto en el ámbito del derecho internacional como en las operaciones militares.
Como parte de esta estrategia militarizada, Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región del Caribe y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, además de movilizar a más de cuatro mil 500 soldados como parte de la operación marítima en desarrollo.
Complementariamente, el gobierno de Trump ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico, fortaleciendo significativamente la capacidad de vigilancia y respuesta militar en la zona ante lo que describe como una amenaza armada por parte de los cárteles de la droga.
El gobierno de Trump acusa específicamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que el gobierno venezolano rechaza categóricamente. Esta acusación forma parte del fundamento para las operaciones dirigidas contra embarcaciones de procedencia venezolana en el Caribe, aunque las autoridades de Caracas han denunciado estas acciones como violaciones a la soberanía nacional y al derecho internacional.
La justificación legal presentada al Congreso busca establecer un marco jurídico que permita las operaciones militares contra los cárteles sin que estas sean consideradas asesinatos extrajudiciales, utilizando la figura de “combatientes ilegales” que no gozan de las protecciones completas del derecho internacional humanitario. Este enfoque marca un precedente significativo en la guerra contra las drogas y redefine la naturaleza del enfrentamiento entre Estados Unidos y las organizaciones narcotraficantes, trasladándolo del ámbito policial y judicial al campo de batalla convencional con todas las implicaciones que esto conlleva.
