Un grupo de estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) número 78 de Altamira, Tamaulipas, agredió físicamente este miércoles al director del plantel, Julio César Barrón Mola, durante una protesta que denunciaba presuntos casos de acoso sexual contra alumnas y la falta de respuesta de las autoridades escolares. La manifestación, inicialmente convocada como pacífica a través de grupos privados, derivó en actos de vandalismo que incluyeron la rotura de ventanas, puertas y parte del mobiliario escolar, requiriendo la intervención de la Guardia Estatal y personal de seguridad interna.
La protesta estudiantil surgió por denuncias de “diferencias en la aplicación de normas” y la “falta de respuesta de las autoridades escolares a casos graves como el de acoso sexual”. En mensajes compartidos en redes sociales, los estudiantes afirmaron: “En nuestro plantel se nos persigue por el largo del cabello, mientras se ignoran denuncias más graves: voces de alumnas que hablan de insinuaciones indebidas, voces de maestros que han sido hostigados y hasta amenazados por alzar la voz”. La presencia del director dentro de las instalaciones durante la protesta provocó que los ánimos se tensionaran, escalando hasta la agresión física.
Videos circulantes en redes sociales muestran el momento en que un grupo de alumnos confronta y golpea al director Barrón Mola, arrojándole diversos objetos. El incidente obligó a la interrupción de actividades durante la tarde del miércoles y motivó que la Vocería del Gobierno del Estado de Tamaulipas anunciara la implementación de medidas de resguardo para proteger a la comunidad escolar. La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) condenó la violencia y dio a conocer que se iniciaron investigaciones tanto sobre las agresiones como sobre las denuncias previas de acoso.
La situación en el Cetis 78 refleja un creciente malestar entre la comunidad estudiantil respecto al manejo de casos de acoso sexual en instituciones educativas. Las autoridades educativas estatales y federales se encuentran coordinando para implementar protocolos de atención a las víctimas y revisar los mecanismos de denuncia existentes.
