Durante la audiencia inicial contra los ocho implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo —Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, y siete escoltas— la Agencia de Investigación Criminal (AIC) presentó peritajes y videos que, según lo expuesto, muestran que el director de la Policía Municipal, Demetrio “N”, disparó contra el joven de 17 años que asesinó al edil, aun cuando éste se encontraba sometido y desarmado.
La audiencia comenzó a las 5 de la mañana y se prolongó casi ocho horas en los juzgados del Poder Judicial del estado de Michoacán, ubicados en el penal de Mil Cumbres, en Morelia. De acuerdo con el análisis presentado por la AIC, Demetrio “N” habría tomado la pistola del suelo y la accionó directamente contra el menor.
Según se describió, el disparo ocurrió a menos de 30 centímetros de distancia y fue dirigido al pecho del autor material apenas 13 segundos después de que este disparara seis veces contra Carlos Manzo. En la audiencia también se expuso que un paramédico presente en el lugar, quien atestiguó el hecho, declaró que, tras el disparo, los escoltas impidieron brindarle al joven los primeros auxilios e incluso cualquier intento de reanimación.
Estos elementos formaron parte de los argumentos de la Fiscalía de Michoacán para solicitar medidas cautelares. El Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa a los ocho imputados, aunque será el próximo miércoles cuando se determine si serán vinculados a proceso. Mientras tanto, los siete escoltas detenidos el viernes quedaron recluidos en el Centro de Custodia de Alto Impacto, en tanto que Jorge Armando “N”, señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en el penal federal de El Altiplano.
La Fiscalía expuso además declaraciones relacionadas con la presunta autoría intelectual del crimen. Según información de fuentes de la institución, el asesinato del alcalde habría sido ordenado por líderes del CJNG en Michoacán, quienes ofrecieron dos millones de pesos para ejecutar el ataque armado contra el edil independiente. En las declaraciones de los imputados se mencionaron figuras centrales dentro del grupo delictivo, entre ellas Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y Raúl Álvarez Ayala, alias El R1. Este último habría mantenido comunicación directa con los tres jóvenes que participaron como sicarios en la ejecución.
Antes de su traslado al penal de máxima seguridad, Jorge Armando “N” rindió su declaración en oficinas de la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado por la dependencia. Posteriormente, fue movilizado mediante un operativo de seguridad en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil.
En paralelo a las detenciones, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que uno de los escoltas que integraban el equipo de seguridad del alcalde se encuentra prófugo. Según declaró, siete escoltas fueron detenidos, mientras que uno no fue localizado. El mandatario indicó que se están tomando declaraciones y que los detenidos ya fueron puestos a disposición del juez correspondiente, quien definirá su situación jurídica. Añadió que la Fiscalía del estado mantiene la investigación junto con equipos especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
Ramírez Bedolla señaló además que también se investiga la actuación de elementos de la Guardia Nacional que formaban parte del dispositivo de seguridad del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Explicó que, aunque la Guardia Nacional mantenía un segundo círculo de resguardo, el círculo cercano fue integrado por escoltas seleccionados directamente por el propio edil. Esta estructura de seguridad continúa bajo revisión como parte de la investigación que, según el gobernador, se desarrolla con un enfoque de “360 grados”.
La audiencia inicial, marcada por la presentación de peritajes y declaraciones que apuntan a la conducta de los elementos municipales la noche del asesinato, representa un avance significativo en el proceso judicial que continúa con múltiples líneas de investigación abiertas. El próximo miércoles, el juez determinará si los ocho imputados enfrentarán proceso por los delitos señalados, mientras las autoridades estatales y federales continúan evaluando la participación y responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos que concluyeron con la muerte del alcalde de Uruapan.
