El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, distribuyó entre los integrantes de esta instancia legislativa un proyecto de dictamen sobre las reformas a la Ley de Amparo que elimina el artículo transitorio introducido por el Senado de la República para dar carácter retroactivo a dicha legislación. El legislador confirmó que la propuesta respeta la versión original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y elimina específicamente la disposición que contraviene el artículo 14 constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes.
Moreno explicó en entrevista que “en concreto, se eliminó lo que manda el Senado en tema de ese transitorio y se propone originalmente en los términos de la Presidenta de la República. Ya no trae ese transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original”. El diputado agregó que “sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Creo que, como cámara revisora, tenemos ahí con todo respeto que corregir la página”, reafirmando la facultad de la Cámara de Diputados para modificar las adiciones realizadas por la Cámara Alta.

El legislador calificó como “una ocurrencia” el párrafo incorporado por el Senado a través de una reserva presentada de última hora por el senador morenista Manuel Huerta, que textualmente señalaba: “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”. Moreno argumentó que “alguien en el Senado tuvo la ocurrencia de ponerle ahí una redacción que se contrapone con nuestra Constitución federal, entonces en este caso estaba poniendo en entredicho el espíritu original y este dictamen de inicio respeta la no retroactividad”.
Sin embargo, a través de los diputados Federico Döring y César Israel Damián, el grupo parlamentario del PAN calificó la supresión del artículo transitorio como un “distractor”, argumentando que el 99 por ciento del proyecto se mantiene en los términos aprobados por el Senado, restringiendo el derecho de amparo de los ciudadanos. Döring remarcó que “votamos en contra el proyecto de dictamen, porque aunque nos vengan a vender el distractor de que van a corregir el transitorio que vulnera la Constitución, el otro 99 por ciento sigue siendo deleznable, tóxico, inconstitucional y no vamos a caer como novatos en la trampa de avalar un proyecto de dictamen que corrige el 1 por ciento, pero deja viva 99 por ciento de la quimioterapia a los derechos de los mexicanos”.
Por su parte, el diputado César Israel Damián calificó como una “victoria de los ciudadanos” el acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de Justicia y de Hacienda para convocar a audiencias públicas sobre las reformas a la Ley de Amparo. El legislador convocó a especialistas y organizaciones de la sociedad civil a registrarse para participar en los foros que se llevarán a cabo a partir de la próxima semana, estableciendo un espacio de discusión y análisis sobre las implicaciones de las modificaciones propuestas al juicio de amparo.
Entre los cambios sustanciales que mantiene el dictamen se establecen plazos precisos de audiencias para evitar alargar casos judiciales de manera indefinida y desechar recusaciones que tengan como intención principal dilatar procesos legales. Respecto a las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, se añaden supuestos específicos de revocación para evitar reabrir litigios de manera indebida una vez que han sido resueltos mediante sentencia firme.
El proyecto también incluye cambios destinados a evitar que se promuevan juicios de amparo sobre actos ya resueltos de manera definitiva o que los tribunales destinen recursos de manera innecesaria a asuntos que carecen de sustento jurídico suficiente. Estas modificaciones buscan agilizar la impartición de justicia y optimizar el uso de los recursos del Poder Judicial de la Federación.
Se precisan además los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes, estableciendo que únicamente podrán constituirse mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito expedida por instituciones de crédito autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Finalmente, el dictamen elimina disposiciones que limitaban multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo, fortaleciendo los mecanismos de enforcement para garantizar el acatamiento de las resoluciones judiciales por parte de los servidores públicos. Esta medida busca addressing una de las críticas recurrentes sobre la impunidad en el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de las autoridades administrativas.
El proceso de discusión y aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia representa una etapa crucial en la tramitación legislativa de la reforma a la Ley de Amparo, que ha generado intensos debates entre los diferentes grupos parlamentarios sobre el equilibrio entre la necesidad de agilizar los procesos judiciales y la protección de los derechos fundamentales de los gobernados establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.