El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el periodo de gobierno de cinco a seis años y elimina el balotaje. La modificación, impulsada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, fue introducida sorpresivamente el día previo a un receso legislativo y también acorta el actual mandato de Bukele para alinear las próximas elecciones presidenciales con los comicios legislativos y municipales en 2027.
La reforma ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, quienes la consideran un intento por perpetuar a Bukele en el poder. Noah Bullock, director de Cristosal, denunció que el cambio se realizó “sin debate, sin informar a la ciudadanía” y representa un “camino trillado de los autócratas”. Por su parte, la diputada opositora Claudia Ortiz afirmó que las modificaciones buscan “perpetuar a un pequeño grupo en el poder” a costa del empobrecimiento de la población.
Bukele, de 44 años, asumió en junio de 2023 un segundo mandato consecutivo tras ganar abrumadoramente las elecciones de febrero, pese a que la Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata hasta que una polémica decisión de la Corte Suprema lo permitió. El mandatario mantiene altos niveles de popularidad debido a su exitosa guerra contra las pandillas, que redujo drásticamente los homicidios pero ha sido criticada por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias.
La reforma aprobada este jueves representa el cambio más significativo al sistema político salvadoreño en décadas. Además de permitir la reelección indefinida, establece que los futuros presidentes gobernarán por seis años en lugar de cinco, elimina la segunda vuelta electoral y adelanta el fin del actual periodo presidencial de 2029 a 2027. Estos cambios permitirían a Bukele presentarse nuevamente en 2027 y potencialmente mantenerse en el poder por varios periodos más.
Analistas políticos señalan que esta reforma consolida el proyecto hegemónico de Bukele, quien desde su llegada al poder en 2019 ha concentrado progresivamente el control de las instituciones. El presidente salvadoreño ha defendido sus acciones argumentando que son necesarias para mantener la seguridad y estabilidad alcanzadas tras su ofensiva contra las pandillas, que incluyó un estado de emergencia vigente desde marzo de 2022.
La comunidad internacional ha observado con preocupación el deterioro democrático en El Salvador. Organismos como la OEA y diversas ONG han documentado el debilitamiento sistemático de los controles al poder ejecutivo, incluyendo la remoción de jueces críticos y fiscales independientes. La nueva reforma constitucional profundiza estas tendencias al eliminar mecanismos diseñados para garantizar alternancia en el poder.
El gobierno salvadoreño no ha emitido declaraciones oficiales detallando los alcances de la reforma, pero legisladores oficialistas han argumentado que los cambios buscan “modernizar” el sistema político y dar continuidad a las políticas que han convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, críticos señalan que la medida contradice principios básicos de la democracia liberal y consagra un modelo de poder personalista.
La aprobación de la reforma se dio en una sesión express donde la bancada oficialista, que controla 54 de los 60 escaños legislativos, impuso su mayoría sin debate sustantivo. Este procedimiento ha sido cuestionado por transparencia internacional, que considera que cambios constitucionales de esta magnitud deberían someterse a consulta popular y discusión amplia.
El escenario político en El Salvador se ha transformado radicalmente desde la llegada de Bukele al poder. El mandatario, que comenzó su carrera política como alcalde de San Salvador por el partido de izquierda FMLN antes de romper con esta organización, ha construido un movimiento personalista que domina todas las ramas del gobierno. Sus políticas de seguridad, aunque populares, han sido acompañadas de un creciente autoritarismo que preocupa a observadores internacionales.
Mientras Bukele consolida su control político, el país enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo alta deuda pública y presiones inflacionarias. Los críticos del gobierno argumentan que la obsesión con reformas políticas distrae de problemas urgentes como el alto costo de vida y la falta de oportunidades económicas para gran parte de la población.
