Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, ex operador del capo Arturo Beltrán Leyva, se declaró culpable el pasado 5 de febrero ante una corte federal en Washington por cargos de narcotráfico, al reconocer que durante años participó en operaciones millonarias de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y en el pago de sobornos a funcionarios mexicanos, tras haber sido expulsado de México junto con otros capos considerados de alto riesgo.
En el diario Milenio el periodista Arturo Ángel detalló que Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, quien en su momento fue uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva, admitió formalmente ante la justicia de Estados Unidos su responsabilidad en delitos de narcotráfico. La declaración de culpabilidad fue presentada el 5 de febrero durante una audiencia celebrada ante la jueza federal Jia M. Cobb, en una corte de Washington, como parte de un acuerdo alcanzado con fiscales estadounidenses.
El reconocimiento de culpabilidad se produjo casi un año después de que López Ibarra fuera expulsado de México junto con otros 27 capos y jefes de distintos cárteles del narcotráfico, todos considerados de alto riesgo por las autoridades mexicanas. La expulsión se llevó a cabo sin que los procesos de extradición estuvieran concluidos, bajo el argumento de que su permanencia en el país representaba una amenaza a la seguridad nacional.
De acuerdo con la información contenida en el acuerdo judicial, López Ibarra reconoció haber participado durante años en operaciones de tráfico de drogas a gran escala hacia los Estados Unidos, así como en el pago de sobornos a policías y funcionarios del gobierno mexicano con el objetivo de facilitar dichas actividades ilícitas. La defensa del acusado estuvo encabezada por el abogado Frank Pérez, quien también representa a otros personajes relevantes del narcotráfico, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada.
Tras varios meses de negociaciones entre los fiscales y la defensa, se alcanzó un acuerdo que, según lo establecido en el documento al que Milenio tuvo acceso, no contempla cláusulas explícitas de colaboración relacionadas con la entrega de información a las autoridades. No obstante, el pacto implica la renuncia de López Ibarra a su derecho a ir a juicio y a presentar futuras apelaciones.
En el escrito del acuerdo se señala que los cargos de narcotráfico por los cuales López Ibarra se declaró culpable conllevan una posible condena que va desde un mínimo de diez años de prisión hasta la cadena perpetua. Además, se establece que la sentencia podría incluir una multa de hasta diez millones de dólares. A cambio de la declaración de culpabilidad, los fiscales aceptaron emitir una recomendación que reduzca el riesgo de la imposición de la pena más severa, aunque se subraya que la decisión final corresponderá exclusivamente a la jueza Jia M. Cobb.
Luego de la firma de la declaración de culpabilidad, la jueza convocó a las partes a una audiencia de preparación de sentencia programada para el próximo 6 de mayo. En el mismo proceso, López Ibarra se comprometió a proporcionar información detallada sobre todos sus bienes y recursos financieros obtenidos de manera ilícita.
La declaración de cargos firmada por López Ibarra establece que entre los años 2003 y 2016 formó parte de una conspiración criminal que operó en México, Guatemala y Colombia. El objetivo de dicha conspiración fue el tráfico de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, utilizando rutas terrestres, marítimas y aéreas.
Según el documento judicial, López Ibarra inició estas actividades como aliado de una facción del Cártel de Sinaloa. Posteriormente, asumió un papel de liderazgo dentro de la organización criminal de los Beltrán Leyva, actuando bajo las órdenes directas de Arturo Beltrán Leyva, uno de los capos más relevantes del narcotráfico en México durante ese periodo.
Para llevar a cabo estas operaciones, López Ibarra reconoció que en diversos momentos tuvo bajo su control aeronaves y vehículos especialmente acondicionados con compartimentos secretos. Estos eran utilizados, primero, para ocultar cargamentos de cocaína con destino a los Estados Unidos y, posteriormente, para transportar el dinero producto de dichas actividades ilícitas de regreso a México.
“El acusado (López Ibarra) sabía que, durante la conspiración, sus co-conspiradores pagaron sobornos a policías y funcionarios del gobierno en México. Asimismo, el acusado sabía que dichos sobornos se pagaban para que el gobierno mexicano no interfiriera en las actividades de narcotráfico del acusado y de otras personas”, se establece textualmente en la declaración presentada ante la corte.
De acuerdo con la narración de hechos incluida en el expediente, estas actividades delictivas sólo se habrían visto interrumpidas parcialmente durante el periodo en el que López Ibarra estuvo detenido en México, entre 2009 y 2014. Tras recuperar su libertad, habría retomado nuevamente sus operaciones criminales hasta que fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos.
Durante varios años, López Ibarra logró retrasar su extradición mediante la interposición de diversos recursos legales. En enero de 2019 se informó sobre una resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal que concedió un amparo a favor del narcotraficante en contra de la resolución de extradición emitida previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que obligó a reiniciar el proceso.
El caso permaneció estancado en los tribunales hasta que, en febrero del año pasado, el gobierno de México determinó expulsar de facto a 29 personas consideradas de alta peligrosidad, entre ellas López Ibarra. La decisión se tomó sin que los procedimientos de extradición hubieran concluido, bajo el argumento de que su permanencia en centros penitenciarios mexicanos seguía representando un riesgo para la seguridad del país.
