El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este viernes en su cuenta de X sobre un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se trata del cuarto operativo de este tipo desde principios de septiembre, cuando Washington inició estas operaciones militares sin autorización previa del Congreso. Según Hegseth, la orden provino del presidente Donald Trump y la embarcación atacada pertenecía a una organización terrorista designada por el Departamento de Estado.
En su mensaje, Hegseth aseguró que “cuatro narcoterroristas” murieron en el ataque, al tiempo que acusó a los tripulantes de transportar “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos”. Según la versión oficial, la operación se desarrolló en el área de responsabilidad del Comando Sur. No obstante, al igual que en ataques previos, el Pentágono no ofreció pruebas de las acusaciones ni de la pertenencia de la embarcación a una organización terrorista.
Este ataque se suma a otros tres ocurridos en septiembre, que dejaron al menos 17 muertos tras el hundimiento de lanchas en aguas internacionales. En todos los casos, el gobierno de Estados Unidos ha vinculado los operativos con la lucha contra el narcotráfico y con la crisis de salud pública relacionada con el consumo de drogas en ese país.
La operación ocurre un día después de que medios estadounidenses revelaran el envío de una carta al Congreso en la que el presidente Donald Trump notificó que Estados Unidos ha entrado en una “guerra no internacional” contra los carteles de la droga, a cuyos integrantes calificó como “combatientes ilegales”.
El documento, entregado como memorando oficial, busca justificar las operaciones militares al caracterizarlas dentro de un conflicto armado. Bajo esa definición, la administración Trump argumenta que el país tiene la facultad de atacar a miembros de los carteles, detenerlos y someterlos a juicios militares.
La revelación del memorando coincidió con críticas desde el Congreso. Un grupo de senadores demócratas exigió explicaciones sobre la legalidad de los operativos y recordó que, de acuerdo con la ley de poderes de guerra, el presidente necesita autorización legislativa para emprender acciones militares.
El reclamo se suma a cuestionamientos de expertos y organizaciones de derechos humanos, quienes han señalado que los ataques extrajudiciales violan principios básicos del derecho internacional al realizarse en aguas internacionales sin autorización de organismos multilaterales.
La operación también se produjo en un contexto de creciente tensión con Venezuela. El jueves, el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de cinco aviones de combate de Estados Unidos cerca del litoral central venezolano, lo que calificó como “una provocación” y “una gran amenaza contra la seguridad de la nación”.
La Casa Blanca, por su parte, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de encabezar una organización criminal vinculada al narcotráfico. En medios políticos de Washington ha cobrado fuerza la hipótesis de que la administración Trump podría aprovechar la coyuntura para impulsar un cambio de régimen en Venezuela, con el apoyo del secretario de Estado, Marco Rubio.
Al caracterizar la campaña contra los carteles como un conflicto armado, la administración Trump parece reclamar poderes extraordinarios de guerra para justificar la ofensiva en el Caribe. Según la lógica oficial, los operativos son una extensión de la estrategia contra el narcotráfico y forman parte de una respuesta directa a la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos.
Sin embargo, las operaciones han sido calificadas como ilegales por especialistas en derecho internacional y derechos humanos, quienes advierten que carecen de aval del Congreso estadounidense y se desarrollan fuera de los marcos normativos establecidos.
De acuerdo con el mensaje de Hegseth, los ataques militares continuarán hasta que, en sus palabras, “terminen los ataques contra el pueblo estadounidense”. El secretario de Defensa ligó directamente estas acciones a la crisis de opioides y otras drogas que atraviesa Estados Unidos, descrita como la más grave en la historia del país en materia de salud pública.
Hasta ahora, el Pentágono ha contabilizado cuatro embarcaciones destruidas en el Caribe desde septiembre, con un saldo de al menos 21 personas muertas. Ninguna operación ha contado con supervisión del Congreso ni ha sido respaldada por pruebas públicas sobre las acusaciones presentadas.
