La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy sanciones económicas al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), una organización criminal mexicana cuya principal fuente de ingresos ilícitos es el robo de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato.
En la misma acción, fue sancionado su líder, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”. Las medidas buscan desarticular financieramente a un grupo cuya violenta disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha exacerbado la inseguridad en México y cuyas actividades alimentan un mercado negro energético transfronterizo que perjudica a compañías legítimas y a los gobiernos de ambos países.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “El presidente Trump prometió erradicar por completo los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense. Bajo mis órdenes, el Departamento del Tesoro está desvinculando enérgicamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. Sin importar dónde ni cómo los cárteles generen y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”.
El robo de hidrocarburos, denominado localmente “huachicol”, se ha consolidado como la principal actividad no narcótica de ingresos para los cárteles en México. Los “huachicoleros” emplean métodos diversos para sustraer combustible y crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), siendo el soborno a empleados corruptos una de las vías más comunes. Otras técnicas incluyen perforaciones clandestinas en ductos, robos en instalaciones de refinación, secuestro de pipas y amenazas al personal.
El producto robado se comercializa en mercados negros de México, Estados Unidos y Centroamérica. El petróleo crudo contrabandeado ingresa a Estados Unidos con la complicidad de intermediarios mexicanos, frecuentemente con documentación falsa que lo identifica como “aceite usado” u otro material para evadir impuestos y controles. Posteriormente, es adquirido por importadores estadounidenses cómplices, operando principalmente cerca de la frontera suroeste, quienes lo venden con descuento en los mercados energéticos antes de repatriar las ganancias ilícitas a los cárteles en México.
Estas operaciones ilegales han provocado pérdidas millonarias a Pemex, contribuido a niveles récord de violencia y corrupción en México, y creado competencia desleal para las empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha reportado en los últimos años pérdidas por miles de millones de dólares atribuidas al “huachicol”.
El Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyos orígenes se remontan a 2014, debe su nombre a la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Su especialización en el robo de hidrocarburos lo llevó a declarar la guerra al CJNG en octubre de 2017 por el control del “Triángulo de las Bermudas”, una zona de municipios guanajuatenses con infraestructura clave de Pemex. La pugna entre ambos grupos ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México. En agosto de 2025, autoridades mexicanas detuvieron a miembros del CSRL e incautaron 164,000 litros de hidrocarburos robados, además de tanques, camiones cisterna y un dispositivo clandestino para interceptar ductos.
En su conflicto con el CJNG, el CSRL ha establecido alianzas con otros grupos criminales de alto perfil, como el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, ambos designados previamente por EE.UU. como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Además, ha reclutado a exmilitares y paramilitares colombianos para operar en la región. Más allá del robo de combustible, el CSRL también ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos, incluida la heroína hacia Estados Unidos.
La OFAC designó específicamente a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, identificado como el líder del CSRL. Antes de su arresto en 2020, era uno de los criminales más buscados de México. En 2022, fue sentenciado a 60 años de prisión por secuestro, y aún enfrenta cargos por crimen organizado, lavado de dinero, extracción ilegal de combustible, intento de homicidio y otros delitos. Las autoridades destacan que, a pesar de su encarcelamiento, “El Marro” continúa activo en la dirección del CSRL desde la cárcel, enviando instrucciones a sus colaboradores a través de abogados y familiares, y fue instrumental en establecer la alianza con el Cártel del Golfo desde prisión.
La designación del CSRL se realiza conforme a la Orden Ejecutiva 13851, por constituir una importante organización criminal transnacional. “El Marro” fue designado bajo la Orden Ejecutiva 13581 por actuar en nombre del CSRL.
Esta acción se enmarca en una serie de medidas más amplias contra el crimen organizado mexicano y el robo de energía. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al CJNG como FTO y SDGT. Previamente, el 1 de mayo de 2025, la OFAC sancionó a tres individuos y dos entidades mexicanas vinculadas a una red de narcotráfico y robo de combustible del CJNG, incluyendo a su líder celular César Morfín Morfín (“Primito”).
Paralelamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una Alerta sobre esquemas de contrabando de crudo en la frontera suroeste. En los cuatro meses posteriores, la FinCEN recibió Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) que detallaban más de $827 millones en transacciones sospechosas, principalmente entre EE.UU. y México. El análisis de la FinCEN indica que, excluyendo valores atípicos, el monto promedio de las transacciones vinculadas al contrabando de petróleo es de $1.3 millones, siendo Texas y Florida los estados más comúnmente mencionados en los SAR. En Texas, las actividades se concentraron en localidades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
Como consecuencia inmediata de las sanciones de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan congelados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más, directa o indirectamente, de uno o más individuos bloqueados, también queda bloqueada. Las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas bloqueadas, a menos de contar con una autorización o exención expresa.
El incumplimiento de estas sanciones puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales contra personas y entidades, tanto estadounidenses como extranjeras.
