La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a tres sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores; a un empresario vinculado al entorno del mandatario; a seis compañías navieras y a seis buques asociados que operan en el sector petrolero venezolano, en una acción realizada en Estados Unidos para frenar —según el organismo— actividades ilícitas que continúan financiando al régimen venezolano.
La medida se aplicó luego de que los señalados fueran considerados responsables de incurrir en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras y de aportar recursos financieros que impulsan lo que la dependencia calificó como “el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro”.
“Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro exige responsabilidades al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes”.
Entre los sancionados se encuentran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de Cilia Flores. La OFAC señaló que los dos operan en Venezuela como narcotraficantes. En noviembre de 2015 fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, cuando finalizaban un acuerdo para transportar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Posteriormente, en noviembre de 2016 fueron condenados por narcotráfico, aunque recibieron el indulto del presidente Joe Biden en octubre de 2022. Tras su regreso a Venezuela, la OFAC afirma que desde 2025 han continuado con actividades relacionadas con el narcotráfico.
La designación de Campo y Flores de Freitas se realizó bajo la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059, por participar o intentar participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción. Ambos quedan sujetos a las restricciones derivadas de esta acción, que incluye el bloqueo de bienes e intereses en bienes bajo jurisdicción estadounidense.
El tercero de los sobrinos sancionados es Carlos Erik Malpica Flores, ex presunto tesorero nacional de Venezuela y ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Malpica había sido designado por la OFAC en julio de 2017, pero fue retirado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) en 2022 con el objetivo de apoyar la reanudación de negociaciones impulsadas por la administración Biden, que finalmente no prosperaron. S
egún el Tesoro, la negativa de Nicolás Maduro a reconocer la voluntad del pueblo venezolano motivó la decisión de volver a aplicar sanciones. Por ello, la OFAC lo redesignó conforme a la Orden Ejecutiva 13692, por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.
La institución subrayó que esta acción forma parte de un esfuerzo continuo contra lo que denominó una red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico vinculada a Maduro. Con la redesignación de Malpica, Campo y Flores de Freitas, los tres se suman nuevamente a otros integrantes del círculo más cercano del mandatario, incluyendo a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y los tres hijos de Cilia Flores: Walter Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, quienes ya figuraban en la Lista SDN.
Además de las sanciones individuales, la OFAC apuntó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. El organismo describió que Carretero ha participado en contratos lucrativos con el régimen venezolano y ha mantenido negocios con la familia Maduro-Flores, incluidas asociaciones empresariales. Según la OFAC, también ha facilitado envíos de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano. Su designación se realizó conforme a la Orden Ejecutiva 13850 por operar dentro del sector petrolero de la economía venezolana.
La medida anunciada hoy incluyó también a seis compañías navieras dedicadas al transporte de petróleo venezolano. La OFAC recordó que PDVSA fue designada el 28 de enero de 2019 conforme a la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero venezolano, y posteriormente bloqueada el 5 de agosto de 2019 conforme a la Orden Ejecutiva 13884. Según la institución, las empresas y los buques señalados continúan involucrados en prácticas que sustentan las finanzas del régimen.
Con esta acción, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta —individual o colectiva— en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada.
Las regulaciones prohíben cualquier transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucre bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas, salvo autorización expresa mediante licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención aplicable. El organismo advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede generar sanciones civiles o penales para personas estadounidenses y extranjeras. Subrayó que la responsabilidad objetiva permite imponer sanciones civiles incluso sin demostrar intención o conocimiento previo de la violación.
La OFAC explicó que las prohibiciones incluyen efectuar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de personas designadas o bloqueadas; así como recibir contribuciones o provisiones de fondos, bienes o servicios de ellas. La institución también señaló que las instituciones financieras y otras personas pueden exponerse a sanciones por participar en transacciones o actividades relacionadas con individuos o entidades sancionadas.
