El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó visas y aplicó restricciones migratorias a personas en México que, según la dependencia, facilitaron deliberadamente la inmigración ilegal hacia territorio estadounidense.
Las medidas fueron anunciadas contra ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México, señalados por proporcionar servicios diseñados principalmente para extranjeros que buscaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos, de acuerdo con las disposiciones de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe la entrada a quienes podrían generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
De acuerdo con la información difundida, las investigaciones indican que los individuos sancionados organizaron el traslado de extranjeros, incluidos menores de edad, desde el Caribe y otras regiones hacia puntos de tránsito en Centroamérica. Posteriormente, muchas de estas personas fueron detectadas intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, lo que activó la respuesta del Departamento de Estado para revocar sus visas y aplicar restricciones que impidan su entrada al país.
La dependencia estadounidense señaló que este tipo de acciones tienen como propósito frenar las redes que lucran con el tránsito irregular de migrantes, además de reforzar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Según el comunicado, la decisión forma parte de una política más amplia para combatir el contrabando de personas y evitar prácticas que pongan en riesgo la seguridad nacional.
El Departamento de Estado subrayó que Estados Unidos no tolerará intentos de socavar sus leyes migratorias y que tomará medidas contra quienes se beneficien de actividades relacionadas con la inmigración ilegal. Asimismo, reiteró que continuará implementando acciones para proteger las fronteras y combatir de manera agresiva las redes de contrabando, con el objetivo de reducir el flujo irregular hacia su territorio.
El anuncio forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para actuar contra organizaciones y personas implicadas en facilitar la migración irregular, especialmente aquellas que operan en rutas que conectan regiones como el Caribe, Centroamérica y México. Las medidas buscan impedir que quienes participan en estas actividades puedan ingresar a Estados Unidos, además de enviar un mensaje directo sobre las consecuencias legales y migratorias que enfrentan.
