El Ejército estadounidense retiene a dos supervivientes a bordo de un buque de la Armada tras rescatarlos de una supuesta embarcación del narcotráfico en el Caribe alcanzada por un ataque en el que murieron otras dos personas, informaron a Reuters el viernes tres fuentes familiarizadas con el asunto. La revelación plantea la posibilidad de que los sobrevivientes del ataque del jueves sean los primeros prisioneros de guerra en un conflicto declarado por el presidente Donald Trump contra una amenaza “narcoterrorista” que, según él, proviene de Venezuela, marcando un precedente significativo en estas operaciones militares.
El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el estatus legal de los detenidos, las condiciones de su captura o los planes para su procesamiento bajo el marco jurídico que aplica a operaciones contra presuntas redes de narcotráfico internacional. Esta falta de información oficial contrasta con la divulgación previa de videos que muestran la destrucción de embarcaciones en ataques anteriores realizados por fuerzas estadounidenses en la región caribeña.
Una de las fuentes afirmó que la embarcación impactada el jueves se movía bajo el agua y posiblemente era un semisumergible, una embarcación similar a un submarino utilizada por narcotraficantes para evitar ser detectada. Esta característica técnica explicaría los desafíos operativos que enfrentaron las fuerzas estadounidenses para interceptar la nave y podría justificar el uso de capacidades militares especializadas en su localización y neutralización.
Antes de la operación del jueves, los ataques militares estadounidenses contra presuntos barcos cargados de drogas frente a Venezuela no habían dejado sobrevivientes, y los videos presentados por el Gobierno mostraban la destrucción de las embarcaciones. La ausencia de testigos en operaciones anteriores había limitado la capacidad de verificar independientemente la naturaleza de los blancos atacados y la legalidad de las intervenciones militares realizadas en aguas internacionales.
Washington ha afirmado que los ataques anteriores causaron la muerte de 27 personas, lo que ha generado preocupación entre algunos expertos legales y legisladores demócratas, quienes cuestionan si se apegan a las leyes de la guerra. Estas críticas se centran en la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a operaciones contra presuntas redes criminales y la proporcionalidad del uso de fuerza letal en interceptaciones marítimas.
Los ataques se producen en el contexto de un aumento de tropas estadounidenses en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados, mientras Trump intensifica el enfrentamiento con el Gobierno venezolano. Este despliegue militar representa una de las mayores concentraciones de poder estadounidense en la región en años recientes, generando tensiones geopolíticas adicionales más allá del ámbito del combate al narcotráfico.
Trump reveló el miércoles que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que se sumó a las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos está intentando derrocar al presidente Nicolás Maduro. Esta expansión de las operaciones desde aguas internacionales hacia territorio venezolano representa una escalada significativa en la estrategia de presión contra el gobierno de Maduro, según analistas internacionales consultados por agencias de noticias.
La captura de supervivientes por primera vez en estos operativos podría proporcionar a las agencias de inteligencia estadounidenses información valiosa sobre las rutas, métodos y conexiones de las redes de narcotráfico que operan en el Caribe. Anteriormente, la ausencia de testigos o participantes capturados había limitado la capacidad de obtener inteligencia humana de primera mano sobre estas organizaciones criminales.
El estatus legal de los dos supervivientes retenidos a bordo del buque de la Armada estadounidense presenta cuestiones jurídicas complejas sobre su clasificación como combatientes ilegales, sospechosos de narcotráfico o prisioneros bajo algún marco legal específico. La administración Trump ha caracterizado previamente estas operaciones como parte de un “conflicto armado no internacional” contra organizaciones narcoterroristas, lo que podría influir en el tratamiento legal aplicable a los detenidos.
