Estados Unidos ha retomado con fuerza una iniciativa que busca ampliar su papel en la lucha contra los cárteles de la droga en México, específicamente aquellos vinculados a la producción y tráfico de fentanilo. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, Washington está presionando al gobierno mexicano para permitir que fuerzas estadounidenses participen directamente en operaciones conjuntas para desmantelar presuntos laboratorios de esta droga sintética.
La propuesta no es nueva. Según las autoridades, fue planteada inicialmente a principios del año pasado, pero posteriormente quedó prácticamente abandonada. Sin embargo, el planteamiento volvió a cobrar relevancia tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, una operación que, según varios funcionarios, involucró a las más altas esferas del gobierno estadounidense, incluida la Casa Blanca.
Funcionarios estadounidenses señalaron que el plan contempla que fuerzas estadounidenses, como tropas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA, acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad diplomática y militar del tema. Estas operaciones conjuntas representarían una expansión significativa del papel de Estados Unidos en México, algo a lo que el gobierno mexicano se ha opuesto de manera reiterada.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado públicamente que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en el combate a los cárteles, pero ha sido clara al señalar que su gobierno rechazó la propuesta de permitir el ingreso de tropas estadounidenses al país. Tras una llamada telefónica con el presidente Trump, Sheinbaum declaró en conferencia de prensa que el mandatario estadounidense “generalmente insiste en la participación de las fuerzas estadounidenses”, pero que México considera que “no es necesario”. Añadió que Trump “se mostró receptivo, escuchó, dio su opinión y acordamos seguir trabajando juntos”.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre las conversaciones. No obstante, Trump declaró recientemente a Fox News que era necesario intensificar las acciones en México para contrarrestar a los cárteles de la droga. “Hemos erradicado el 97 % de las drogas que ingresan por agua, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles”, dijo, refiriéndose específicamente a los de México.
Ante la negativa mexicana a permitir operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos presentaron este mes contrapropuestas, entre ellas un mayor intercambio de información y la posibilidad de que Estados Unidos tenga un papel más relevante en los centros de mando. Según personas familiarizadas con el asunto, asesores estadounidenses ya se encuentran en puestos de mando militares mexicanos, donde comparten inteligencia para apoyar las operaciones antidrogas.
Funcionarios estadounidenses indicaron que existe presión para alcanzar un acuerdo, ya que algunos sectores en Washington consideran la posibilidad de realizar ataques con drones contra presuntos laboratorios de drogas en México. Esta opción sería vista como una violación directa de la soberanía mexicana y podría debilitar de forma significativa al gobierno.
La detección y destrucción de laboratorios de fentanilo presenta desafíos particulares. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, estos laboratorios son más difíciles de localizar que los de metanfetamina o cocaína. Emiten menos rastros químicos, lo que complica su detección mediante drones, y suelen operar en zonas urbanas utilizando herramientas rudimentarias similares a las que se encuentran en una cocina doméstica. En contraste, los laboratorios de metanfetamina y cocaína requieren espacios más amplios, lo que facilita su identificación.
Durante la administración Biden, la CIA comenzó a realizar vuelos secretos con drones sobre México para identificar posibles ubicaciones de laboratorios de fentanilo. Esta operación se ha ampliado desde que Trump asumió el cargo. Según un funcionario estadounidense informado sobre estas actividades, los drones también se utilizan para rastrear precursores químicos desde su llegada a puertos marítimos mexicanos hasta su traslado a otros destinos.
La inteligencia obtenida se comparte con unidades militares mexicanas, muchas de las cuales han sido entrenadas por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. Son las tropas mexicanas las que planifican y ejecutan las incursiones para destruir los laboratorios.
Bajo la nueva propuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses participarían directamente en las incursiones, con las fuerzas mexicanas al frente, pero con apoyo estadounidense en la toma de decisiones clave, el suministro de inteligencia y el asesoramiento táctico. Al ser consultado sobre los planes para México, el Departamento de Defensa afirmó que está “listo para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y lugar”. Una portavoz de la CIA también declinó hacer comentarios.
El éxito de la incursión en Venezuela parece haber fortalecido la postura de la administración Trump. Tras esa operación, el presidente afirmó que el siguiente paso sería un cambio de régimen en Cuba y retomó las exigencias de que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.
Aunque Washington ha señalado a Venezuela como una fuente importante de drogas que ingresan de contrabando a Estados Unidos, funcionarios reconocen que ese país desempeña un papel menor en el tráfico ilícito. La mayoría de las drogas ingresan por la frontera de 3.200 kilómetros que Estados Unidos comparte con México.
El fentanilo es responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y es considerado la droga callejera más peligrosa. El año pasado, la Casa Blanca lo designó como “arma de destrucción masiva” y clasificó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Desde su llegada al poder, la administración Trump ha presionado de forma constante para el despliegue de fuerzas estadounidenses en México, pero las autoridades mexicanas han rechazado estas propuestas, insistiendo en el respeto a su soberanía. El jefe de seguridad de México, Omar García Harfuch, declaró recientemente: “Contamos con unidades del ejército y fuerzas especiales altamente entrenadas”. Y añadió: “¿Para qué las necesitamos?”, en referencia a las fuerzas estadounidenses. “Lo que necesitamos es información”.
La presencia de tropas estadounidenses en México es un tema especialmente sensible debido a la historia compartida entre ambos países, marcada por invasiones y apropiaciones territoriales. Aunque la desconfianza ha disminuido en las últimas décadas gracias a una mayor cooperación y al intercambio de inteligencia, el tema sigue siendo delicado. García Harfuch señaló que hay menos de varios cientos de agentes de seguridad estadounidenses en México, todos desarmados y con autorización oficial.
Los agentes de la DEA colaboran con las fuerzas mexicanas en la construcción de casos, pero tienen prohibido participar en operaciones terrestres. Exfuncionarios estadounidenses han advertido que una presión excesiva podría romper la cooperación bilateral.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una situación compleja. Aceptar operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses podría generar tensiones internas en su partido, mientras que una acción militar unilateral de Estados Unidos podría provocar una pérdida de apoyo político y social. Además, la propuesta contradice leyes mexicanas recientes que restringen la entrada de tropas extranjeras, incluida una enmienda constitucional aprobada el año pasado.
Tras el ataque en Venezuela, el Senado mexicano retrasó una votación prevista para el 5 de enero sobre la entrada de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos para ejercicios conjuntos. Aunque Sheinbaum negó que el retraso estuviera relacionado con ese ataque, un senador afirmó que sí lo estaba.
Desde que asumió el poder a finales de 2024, Sheinbaum ha intensificado la lucha contra los cárteles. México ha desplegado cientos de efectivos en Sinaloa contra el Cártel de Sinaloa, lo que ha derivado en arrestos de alto perfil y en la fragmentación de la organización. El gobierno asegura que está destruyendo laboratorios de drogas a un ritmo casi cuatro veces mayor que el de la administración anterior.
“No decimos que el problema esté resuelto”, afirmó García Harfuch. “Lo que estamos haciendo es atacar la estructura criminal desde abajo, desde el centro y desde arriba”.
