Washington cerró su Gobierno este martes a medianoche tras el fracaso de las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar una nueva ley de gastos que mantuviera la financiación federal en marcha. La falta de consenso obligó al cierre parcial de operaciones de agencias y dependencias.
El Senado, con mayoría republicana, votó un proyecto de ley de financiamiento temporal que no logró los apoyos suficientes. Los demócratas buscaban incluir en el documento la ampliación de prestaciones sanitarias que expiran a finales de año, mientras que los republicanos insistieron en tratar esa cuestión de manera independiente. La ausencia de acuerdo provocó la suspensión de servicios públicos considerados no esenciales.
Alcance del cierre
Las agencias federales habían preparado planes detallados para suspender actividades en áreas clave. Esto incluye investigación científica, servicios de atención al cliente y programas administrativos, lo que resultará en el envío de miles de empleados a sus hogares sin goce de sueldo.
El Departamento de Trabajo confirmó que no publicará su informe mensual de desempleo, uno de los indicadores más seguidos de la economía.
La Cámara de Representantes, bajo control republicano, no se reunirá hasta el miércoles 1 de octubre, lo que retrasa cualquier posibilidad de reabrir el Gobierno hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.
Antecedentes de cierres
Los cierres del Gobierno federal se han vuelto habituales en la política estadounidense, aunque con frecuencia se resuelven a última hora. En 2018 y 2019, durante la administración de Donald Trump, el país enfrentó un cierre de 35 días, el más largo de la historia, derivado de disputas en torno a políticas migratorias.
En este caso, el desacuerdo afecta el manejo de 1.7 billones de dólares destinados a financiar operaciones de agencias, equivalentes a una cuarta parte del presupuesto federal total, calculado en siete billones de dólares. El resto de los recursos se asigna a programas de salud, jubilación y al pago de intereses de la deuda nacional, que asciende a 37.5 billones de dólares.
Factores políticos y decisiones ejecutivas
La postura del expresidente Trump ha marcado el proceso. Su disposición a desconocer leyes de gasto aprobadas por el Congreso generó tensiones adicionales. En meses anteriores, ordenó a las agencias federales preparar el despido de trabajadores clasificados como “no esenciales”, que en cierres previos solo eran enviados a casa sin laborar.
El senador republicano Mike Rounds, de Dakota del Sur, afirmó: “Si el Congreso no hace su trabajo, entonces se permite que el poder ejecutivo lo haga como mejor le parezca. Es una muy buena razón por la que no deberíamos tener un cierre”.
Trump también bloqueó el uso de miles de millones de dólares previamente aprobados, lo que incrementó las dudas entre los demócratas sobre la viabilidad de respaldar nuevas leyes de financiamiento. Además, buscaron asegurar que los subsidios de salud extendidos no puedan ser revertidos en el futuro y restaurar recortes aplicados a la radiodifusión pública, aunque esa última demanda perdió fuerza en las últimas horas de negociación.
Instituciones afectadas
El cierre del Gobierno tendrá impacto en diversas dependencias:
- Transporte aéreo: las aerolíneas advirtieron que los vuelos podrían sufrir retrasos debido a la reducción de personal en procesos de control y seguridad.
- Parques y museos nacionales: la mayoría permanecerán cerrados. Los 63 Parques Nacionales seguirán siendo accesibles, pero sin guardabosques ni centros de visitantes abiertos.
- Departamento de Educación: se mantendrá prácticamente cerrado durante la contingencia.
- Agencias regulatorias: instituciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) suspenderán gran parte de sus funciones.
Por otro lado, las fuerzas de seguridad y militares, incluidos agentes del FBI y personal del Ejército, continuarán en labores, aunque sus salarios quedarán en pausa hasta que se apruebe un presupuesto que permita reabrir plenamente al Gobierno federal.
