Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo

El pleno de la Cámara de Diputados avaló las reformas en materia de amparo impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una extensa sesión en la que los grupos parlamentarios de oposición presentaron más de 300 reservas al dictamen.

Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados logró aprobar las modificaciones al marco normativo del juicio de amparo, con la finalidad de fortalecer su funcionamiento y evitar abusos en su aplicación.

Entre las abstenciones destacaron las de la diputada morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, así como las de los legisladores del Partido del Trabajo Miriam Durán y Javier Vázquez.

Durante la sesión, los legisladores de las distintas bancadas presentaron 307 reservas a diversos artículos del dictamen para su discusión en lo particular. Sin embargo, la mayoría oficialista perfiló admitir solo tres de ellas, entre ellas una propuesta de redacción al artículo tercero transitorio, presentada por Hugo Eric Flores, de Morena, con el propósito de matizar la no retroactividad de la reforma.

El texto aprobado establece:

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.”

Al inicio de la discusión, los diputados Germán Martínez (PAN), Alejandro Domínguez (PRI), Laura Ballesteros y Gustavo de Hoyos (MC) presentaron mociones suspensivas para detener la votación y regresar el proyecto a comisiones. Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados rechazó dichas mociones, manteniendo el curso del debate.

El legislador Julio César Moreno, al fundamentar el dictamen, aseguró que la iniciativa busca restaurar el sentido original del amparo como instrumento de protección ciudadana frente a abusos de autoridad.

“Fue concebido como el escudo de las y los ciudadanos frente al abuso de autoridad, pero con el paso del tiempo algunos sectores lo distorsionaron para convertirlo en una herramienta de evasión o de privilegio”, afirmó Moreno.
Añadió que, históricamente, el recurso del amparo había sido utilizado para “dilatar la justicia, frenar políticas públicas, evadir responsabilidades fiscales o proteger intereses contrarios al bien común”.

Durante la sesión, la bancada del PRI, encabezada por Rubén Moreira, mostró su rechazo a las reformas portando mantas con las consignas “Salvemos el amparo. No a la dictadura” y “Del amparo al desamparo”.
El grupo parlamentario advirtió que la propuesta emanaba del poder Ejecutivo y alertó que su aplicación podría poner en riesgo el sistema de contrapesos.

“Proviene de la intolerancia, porque proviene la reforma del odio por haberle cuestionado sus obras faraónicas. Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades”, señaló Moreira.

Las reformas aprobadas actualizan el concepto de “interés legítimo”, estableciendo que el amparo solo procederá cuando la norma, acto u omisión impugnado cause una lesión jurídica individual o colectiva, cuyo efecto sea real y no meramente hipotético.

De acuerdo con los grupos opositores, esta modificación podría limitar la capacidad de las organizaciones civiles para interponer amparos en defensa de causas ambientales o de derechos colectivos.

Asimismo, se amplían los requisitos para la concesión de suspensiones provisionales, y se establece su improcedencia para descongelar cuentas bancarias cuando ello implique favorecer o continuar actividades relacionadas con el lavado de dinero.

La nueva redacción también determina que, en los juicios de amparo por inconstitucionalidad de normas, “en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales”.

El dictamen incorpora además una reforma al Código Fiscal de la Federación, que establece la improcedencia del recurso de revocación contra actos administrativos destinados a exigir el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones que ya hayan quedado firmes.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa busca hacer más ágil y accesible el juicio de amparo, consolidándolo como un instrumento de defensa de los derechos humanos y un medio eficaz de control constitucional.

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Filiberto Cruz

Filiberto Cruz