La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Jorge Armando Ramírez López, Julio César Pazos Padilla, José García Rodríguez, Ricardo Rodríguez López y Gerardo Marcial Hernández, por su posible participación en el delito contra la salud en la modalidad de extracción.
La medida cautelar fue dictada por un juez federal luego de que los imputados fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente.
De acuerdo con la información oficial, estas personas fueron ubicadas e interceptadas en altamar en una zona comprendida entre Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y la Isla Clarión. Durante la acción se aseguraron 188 bultos que contenían más de cuatro toneladas 700 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
La FGR precisó que el aseguramiento y la detención fueron resultado de las labores coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina (Marina), dependencia que realizó la acción operativa en el mar. Posteriormente, los cinco detenidos, así como la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
En audiencia, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó a los imputados ante el juez de control. Durante el desarrollo de la diligencia, la defensa de los detenidos se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.
La FGR señaló que la prisión preventiva se mantendrá vigente en tanto se resuelve el estatus legal de los imputados, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la ley. El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
Finalmente, la autoridad federal recordó que a las personas mencionadas en el comunicado “se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, en apego al principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución y en la legislación vigente.
