Sandra Luz Téllez Nieves, una de las propietarias de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en un incendio en 2009, fue detenida en el centro penitenciario de Eloy, Arizona, tras activarse una orden de reaprehensión emitida por México. El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, que agrupa a familiares de las víctimas, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum garantizar su extradición para que cumpla la condena por homicidio culposo confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La detención ocurrió mediante una ficha roja de Interpol, según informó el colectivo en una carta pública donde acusaron a las autoridades mexicanas de mantener un “silencio sospechoso” al no notificar oficialmente sobre el arresto. Juana Luna Hernández, presidenta del grupo, rechazó que Téllez Nieves sea una “perseguida política”, como alegan sus abogados en Estados Unidos, donde buscarían as
La tragedia del 5 de junio de 2009 ocurrió cuando un incendio en una bodega contigua a la guardería —subrogada al IMSS pero operada por particulares— se propagó al edificio, dejando además más de 100 menores con lesiones permanentes. Desde entonces, las familias han denunciado obstrucción a la justicia, señalando vínculos entre los dueños y funcionarios de los gobiernos estatal y federal durante la administración de Felipe Calderón.
En 2022, la SCJN confirmó las sentencias contra Téllez Nieves y otros responsables, pero su cumplimiento se había postergado. Ahora, los familiares temen que el argumento de “persecución política” retrase nuevamente la justicia. “Es urgente que la FGR actúe. No permitiremos que se encubra a quien tiene responsabilidad directa en este crimen de Estado”, insistió el colectivo en su misiva dirigida a Sheinbaum.
Hasta ahora, ni la Fiscalía General de la República ni el gobierno federal han emitido un comunicado sobre la detención. Las víctimas advierten que continuarán su lucha para que Téllez Nieves sea trasladada a México e ingrese a un penal, como establece la sentencia definitiva. El caso sigue siendo recordado como la peor tragedia infantil del país y un símbolo de la batalla contra la impunidad.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han llamado a las autoridades estadounidenses a priorizar el principio de justicia para las víctimas sobre cualquier solicitud de asilo. “Este caso no es político, sino de responsabilidad penal por negligencia que costó vidas inocentes”, subrayó Luna Hernández. Con la detención, se reabre un capítulo doloroso pero crucial para cerrar un proceso judicial que lleva más de 16 años de espera.
