El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, dueño de TUM Transportistas Unidos Mexicanos, fue detenido hace más de una semana en Estados Unidos y trasladado al centro de detención de Adelanto, California, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
De acuerdo con el Sistema de Localización de Detenidos en Línea, Quintanilla, identificado con el Número de Registro de Extranjero 246058749, está a la espera de que las autoridades definan su situación jurídica en territorio estadounidense.
La detención ocurre mientras su historial judicial ha mostrado un incremento notable en los últimos años. El empresario acumula más de 60 procesos federales y locales, entre amparos, juicios penales, litigios mercantiles y controversias administrativas. A pesar de ello, su actividad empresarial no se ha visto frenada y ha mantenido presencia en sectores estratégicos, según información difundida previamente.
El contexto también coincide con el escrutinio que autoridades estadounidenses mantienen sobre perfiles corporativos mexicanos vinculados a presuntas actividades ilícitas. Casos como los de Víctor Manuel Álvarez Puga y Raúl Beyruti han puesto atención internacional en empresarios con operaciones transfronterizas, en cuyo entorno ahora se inserta la situación de Quintanilla.
En el ámbito judicial, el empresario ha protagonizado una actividad litigiosa particularmente intensa. Entre 2024 y 2025, promovió decenas de recursos en materias penal, civil y administrativa, incluidos más de 50 juicios federales en la Ciudad de México. También interpuso múltiples impugnaciones contra determinaciones de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. En uno de esos procedimientos, el amparo indirecto 681/2025, acusó a un agente del Ministerio Público capitalino de negarle copias certificadas de una carpeta de investigación.
A estos procesos se suman 11 juicios civiles y mercantiles con empresas como Tip de México, CSI Leasing e Importaciones Marktorne, además de demandas con particulares, entre ellos el notario Amando Mastachi Aguario.
Su historial litigioso no es reciente: el expediente más antiguo identificado data de 2016, cuando promovió un amparo contra la Cámara de Senadores por un asunto vinculado con MCS Aerocarga de México, empresa relacionada con Grupo TUM. Versiones periodísticas han señalado presuntas irregularidades en el registro de aeronaves de esta firma, incluida una flotilla de al menos 12 aviones con registros de propiedad no claros tanto en México como ante la FAA estadounidense.
A este cúmulo de procesos se suma un supuesto adeudo fiscal en Estados Unidos mediante la filial EVM USA LLC, así como órdenes de aprehensión relacionadas con posibles acusaciones por administración fraudulenta. Pese a ello, ninguna entidad pública ha suspendido los contratos en los que participa el empresario, y sus compañías mantienen relaciones contractuales activas con dependencias mexicanas.
Antes de su detención, diversas fuentes lo ubicaban con frecuencia en Los Ángeles, Las Vegas y Miami, aunque ninguna autoridad había confirmado su estatus legal o migratorio en Estados Unidos.
Uno de los puntos de mayor controversia sobre su actividad empresarial es la expansión de sus compañías en sectores estratégicos mediante contratos públicos. En 2024, el Servicio Postal Mexicano adjudicó a TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte y TUM Logística un contrato de hasta 1,718 millones de pesos para operar rutas postales troncales y primarias hasta 2027, en un proceso donde ambas empresas fueron las únicas participantes. Este contrato se suma al otorgado en 2020, por 1,010 millones de pesos, vigente hasta noviembre de 2023.
En el sector energético, las sospechas han recaído en los mecanismos mediante los cuales EVM Energía del Valle de México participó como proveedora del Sistema de Aguas de la Ciudad de México entre 2020 y 2023. Aunque los contratos por más de 400 millones de pesos fueron firmados con la razón social CFE Calificados, diversas investigaciones documentaron que la proveedora real habría sido EVM Energy. El esquema operaba sobre una acotación contractual ligada a una central eléctrica ubicada en Axapusco, Estado de México, vinculada a la familia del empresario, la cual no aparecía en la documentación oficial, lo que sostuvo la hipótesis de triangulación.
Los señalamientos también incluyen presuntos vínculos financieros con directivos de CI Banco, así como movimientos que podrían llamar la atención de organismos como FinCEN. Aunque ninguna autoridad en México o Estados Unidos ha confirmado estas versiones, forman parte del entorno de sospechas que rodea al empresario desde hace años.
A pesar de la magnitud de los litigios y controversias, los contratos públicos de sus empresas permanecen vigentes y sin revisión aparente. Mientras tanto, su situación jurídica en Estados Unidos continúa bajo evaluación de las autoridades migratorias, sin que hasta el momento se haya definido una resolución sobre su caso.
