Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” o “Jimy”, líder del sindicato “22 de Octubre” y actual Sexto Regidor de Chalco, fue detenido este viernes 21 de noviembre en el Estado de México por presunta participación en actividades de extracción, distribución y comercio ilícito de agua, como parte de la segunda fase de la “Operación Caudal”, en la que era considerado un objetivo prioritario debido a su posible relación con delitos vinculados al huachicol de agua.
La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) confirmó que la aprehensión se cumplimentó mediante un operativo de la dependencia, que lo trasladó al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.
Según la FGJEM, “Gimmy” también está señalado por su probable participación en delitos como secuestro, extorsión y despojo. Su captura representa una acción más dentro de los resultados de la “Operación Caudal”, estrategia iniciada en octubre para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de agua en la entidad.
Durante el despliegue del operativo, realizado en coordinación con corporaciones municipales y organismos de agua, se aseguraron 51 pozos, 138 tomas clandestinas, 322 pipas y 37 vehículos presuntamente vinculados a actividades de explotación y venta ilícita del recurso.
Las autoridades informaron que siete personas fueron detenidas en flagrancia: dos por delitos contra el funcionamiento de instituciones de seguridad pública, dos por portación de armas prohibidas, dos por delitos contra el servicio público y distribución de agua, y una más por accionar un arma de fuego para impedir la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma.
La primera fase de la “Operación Caudal” se desplegó de manera simultánea en 48 municipios del Estado de México, con el propósito de desmantelar estructuras delictivas asociadas al huachicol de agua. Las investigaciones revelaron que algunas de estas redes operaban con apoyo de servidores públicos y que el suministro obtenía su origen en pozos clandestinos cuya agua no era potabilizada adecuadamente. Su distribución se hacía mediante pipas identificadas con logotipos de organizaciones que obligaban a la población a comprar únicamente a transportistas afiliados.
De acuerdo con la dependencia, los grupos involucrados utilizaban fachadas sociales para operar, entre los que se identificaron sindicatos y organizaciones como USON, ACME, Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza. También se mencionó la presunta participación de comisariados ejidales, particulares y algunos servidores públicos que podrían haber facilitado o permitido las actividades ilícitas.
