El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido el lunes 8 de diciembre en la capital del estado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), alrededor de las 14:00 horas, cuando salía de su domicilio, en cumplimiento de una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención ocurrió luego de que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, emitiera la orden judicial el 16 de mayo de 2024, y tras la autorización otorgada por el gobierno de los Estados Unidos para procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa.
De acuerdo con información difundida por la FGR, el 4 de octubre de 2024 se gestionó ante las autoridades estadounidenses la solicitud para ampliar los delitos por los que Duarte podría ser procesado en México, autorización que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.
Con esta validación, la dependencia federal informó que la nueva investigación apunta a que el exgobernador, en su calidad de servidor público, habría incurrido “en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano”.
Personal de la Fiscalía señaló que la detención forma parte de las acciones derivadas de esta nueva carpeta de investigación, independiente del proceso penal previo que enfrenta Duarte Jáquez en el fuero común. Datos extraoficiales refieren que el exmandatario estatal se encuentra en un procedimiento administrativo para ser trasladado al penal de Almoloya de Juárez, aunque este movimiento aún no ha sido confirmado oficialmente.
La acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita es distinta a los cargos por los que ya había sido detenido anteriormente. Duarte fue aprehendido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar procesos por peculado y asociación delictuosa. Estos cargos siguen en desarrollo dentro del sistema de justicia local, ya que el exgobernador aún no ha recibido sentencia y su proceso continúa abierto.
Con la nueva orden de aprehensión, las autoridades federales avanzan en una investigación que amplía el marco legal bajo el cual se juzga a Duarte Jáquez. La FGR destacó que la indagatoria se centra en presuntas operaciones financieras realizadas a través del sistema bancario mexicano con el objetivo de ocultar el origen ilícito de recursos desviados de las finanzas públicas estatales. El caso permanece en curso y las autoridades no han emitido detalles adicionales sobre los pasos procesales que seguirán tras la captura.
