La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) despidió a entre 25 y 30 trabajadores del Puerto de Tampico presuntamente vinculados con el tráfico de huachicol fiscal en la zona sur de Tamaulipas, tras una investigación federal encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). El director general de Asipona Tampico, vicealmirante Jaime Herrera Romo, confirmó que los ceses responden a evidencias de participación o encubrimiento en operaciones ilícitas de contrabando de combustible.
Los despidos se produjeron después de la incautación del buque Challenge Procyon, que transportaba millones de litros de combustible de manera ilegal en el Puerto de Tampico. Herrera Romo precisó que “no nada más por ser señalados fueron despididos, cuando se demuestra que había cierta participación o encubrimiento, pues ante la sospecha fundada se despiden”. El personal cesado fue sustituido por empleados previamente evaluados bajo protocolos de control y confianza para reforzar los estándares de seguridad portuaria.
La Semar, que desde 2021 asumió el control operativo y de vigilancia en los puertos del país, realizó una depuración interna para eliminar posibles nexos con operaciones ilícitas dentro de la administración portuaria. El vicealmirante Herrera Romo destacó que la instrucción del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, es garantizar “transparencia total” en las investigaciones y colaborar activamente para establecer responsabilidades.
Como parte del reforzamiento de seguridad, se han implementado medidas adicionales including la contratación de servicios de inteligencia y la instalación de sistemas de videovigilancia de última generación. Herrera Romo reconoció que la seguridad portuaria fue vulnerada en el pasado, pero aseguró que actualmente se supervisa con mayor rigor el funcionamiento de todos los dispositivos de protección.
Tamaulipas ha sido identificado como punto estratégico para el tráfico de huachicol fiscal, que implica la introducción de gasolina y diésel de contrabando mediante fraudes aduanales o falsificación de documentos, generando pérdidas millonarias para el país. En marzo pasado, la incautación del Challenge Procyon en el puerto de Altamira/Tampico representó uno de los decomisos más significativos del año, con más de 10 millones de litros de diésel presuntamente introducidos al país de manera irregular.
El director de Asipona Tampico rechazó que los despidos afecten la percepción de seguridad en el puerto, argumentando que por el contrario, estas acciones buscan recuperar la confianza de la ciudadanía y del sector energético. Las investigaciones de la Semar y la FGR continúan abiertas y no descartan más detenciones o despidos conforme avancen las indagatorias sobre la red de huachicol fiscal en la región.
