A medida que crece la incertidumbre en Venezuela, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina del país luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, en un proceso que se formalizó el lunes por la tarde en Caracas, cuando juró ante la Asamblea Nacional, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia y con el respaldo del ejército.
Rodríguez, aliada cercana de Maduro y vicepresidenta desde 2018, tomó el poder luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le ordenara asumir el cargo de presidenta interina el sábado, decisión que fue acompañada por el apoyo de las Fuerzas Armadas. Su ascenso se produjo después de una operación militar nocturna en la que Estados Unidos capturó a Maduro, hecho que ha generado un reacomodo político interno y un nuevo escenario en las relaciones entre ambos países.
La ahora presidenta interina supervisó durante años amplios sectores del gobierno venezolano, incluyendo gran parte de la economía, altamente dependiente del petróleo, así como el servicio de inteligencia. Al encontrarse en la línea de sucesión presidencial, su designación la colocó al frente de un grupo de altos funcionarios de la administración de Maduro que continúan ejerciendo control sobre el país, mientras el gobierno de Donald Trump ha señalado que presionará para que Venezuela se alinee con su visión política y económica.
El ascenso de Rodríguez generó reacciones inmediatas desde Washington. El sábado por la mañana, Donald Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había estado en comunicación con Rodríguez, a quien describió como “cortés”, y afirmó que trabajaría con el gobierno estadounidense. Rubio, por su parte, señaló que Rodríguez era alguien con quien la administración podría trabajar, a diferencia de Maduro.
Sin embargo, en un discurso televisado posterior, Rodríguez no dio señales claras de cooperación con la administración Trump. En esa intervención, se refirió al gobierno estadounidense como “extremistas” y sostuvo que Nicolás Maduro seguía siendo el líder legítimo de Venezuela. En ese contexto, afirmó que lo que se está haciendo con Venezuela “es una atrocidad que viola el derecho internacional”, declaración realizada mientras estaba rodeada de altos funcionarios civiles y militares.
El domingo, Trump advirtió que, si Rodríguez no se alineaba con Estados Unidos, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”. Añadió que esperaba de ella “acceso total”, desde instalaciones petroleras hasta infraestructura básica como carreteras, con el argumento de que puedan ser reconstruidas. Estas declaraciones se produjeron después de que Rubio afirmara en entrevistas televisivas que no consideraba a Rodríguez ni a su gobierno como “legítimos”, al señalar que el país no ha celebrado elecciones libres y justas.
Ese mismo domingo, Rodríguez adoptó un tono distinto en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. En esa declaración expresó su intención de construir “relaciones respetuosas” con Estados Unidos. “Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada hacia el desarrollo compartido en el marco del derecho internacional, con el fin de fortalecer la convivencia comunitaria duradera”, escribió.
Delcy Rodríguez, abogada de 56 años formada en Reino Unido y Francia, ha tenido una larga trayectoria política vinculada a la revolución iniciada por Hugo Chávez. Junto con su hermano Jorge Rodríguez, actual jefe de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, forma parte de una familia marcada por la militancia política. Su padre fue un líder socialista que fue arrestado por su participación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976 y murió posteriormente bajo custodia policial.
A diferencia de otros miembros del círculo cercano de Maduro, los hermanos Rodríguez han evitado acusaciones criminales en Estados Unidos, aunque Delcy Rodríguez enfrentó sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump por su papel en el debilitamiento de la democracia venezolana. Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, ocupó cargos en los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Petróleo, además de otras posiciones clave, y fue considerada durante años como la posible sucesora de Maduro.
Rodríguez también desarrolló vínculos con sectores republicanos de la industria petrolera y de Wall Street que se opusieron a un cambio de régimen impulsado por Estados Unidos. Asimismo, presidió una asamblea promovida por Maduro en 2017 en respuesta a protestas callejeras, con el objetivo de neutralizar a la legislatura de mayoría opositora. Mantiene una relación cercana con el ejército, que históricamente ha actuado como árbitro de disputas políticas en Venezuela.
El futuro político de Rodríguez permanece incierto. La Constitución venezolana establece que, si el presidente se vuelve “permanentemente indisponible”, deben celebrarse elecciones en un plazo de 30 días. No obstante, el Tribunal Supremo declaró la ausencia de Maduro como “temporal”, lo que permite que la vicepresidencia asuma el poder sin convocar elecciones inmediatas. En este escenario, el cargo puede ejercerse hasta por 90 días, con posibilidad de extenderse a seis meses mediante un voto de la Asamblea Nacional.
En su resolución, el Tribunal Supremo no mencionó explícitamente el límite de 180 días, lo que ha abierto interrogantes sobre la duración del mandato interino de Rodríguez, mientras el país atraviesa una etapa de transición marcada por presiones internas, tensiones internacionales y un panorama político aún indefinido.
