Funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA) propusieron a inicios de 2025 ataques militares en México contra líderes del narcotráfico, lo que generó rechazo dentro de la Casa Blanca y el Pentágono, en medio de la estrategia del presidente Donald Trump de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
A principios de este año, funcionarios de la DEA defendieron internamente la idea de emprender operaciones militares en territorio mexicano, incluyendo asesinatos selectivos de líderes de cárteles y ataques contra infraestructura relacionada con el narcotráfico. De acuerdo con fuentes consultadas bajo condición de anonimato, la propuesta buscaba ampliar el papel de la agencia en la política de seguridad regional tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Información publicada por el diario The Washington Post señala que las discusiones surgieron en las primeras semanas del nuevo mandato presidencial, poco después de que Trump declarara a numerosos cárteles y bandas criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras. El administrador interino de la DEA en ese momento, Derek S. Maltz, respaldó públicamente la idea de atacar laboratorios de drogas y a los principales mandos criminales en México, afirmando que los cárteles han causado más muertes a ciudadanos estadounidenses “que cualquier otra organización terrorista en la historia de Estados Unidos”.
Aunque Maltz reconoció la cooperación del gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum en arrestos e incautaciones, subrayó que era necesario un esfuerzo mayor. En sus declaraciones, dijo estar a favor de ataques con drones sobre instalaciones de producción y señaló que se trataba de una conversación “seria” sobre las facultades legales necesarias para proceder, en coordinación con el Pentágono.
No obstante, funcionarios del Pentágono y asesores de la Casa Blanca aclararon a la DEA que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas no otorgaba automáticamente autorización para emplear fuerza militar. Según varias fuentes, la propuesta carecía de un marco legal sólido y generó preocupación por la posibilidad de muertes de ciudadanos estadounidenses.
Algunos especialistas en seguridad nacional destacaron que, bajo la legislación vigente, la Guardia Costera tiene facultades legales para intervenir en operaciones antidrogas en aguas internacionales, lo cual fue considerado como una alternativa legal frente a un eventual despliegue militar directo en México.
El debate tomó mayor relevancia después de que en septiembre se confirmaron tres ataques militares en el Mar Caribe contra presuntos narcotraficantes venezolanos, operaciones que dejaron un saldo de al menos 14 muertos, de acuerdo con cifras ofrecidas por Trump. La administración defendió que dichas acciones eran legales bajo el derecho internacional y el marco jurídico estadounidense, aunque evitó detallar públicamente la base legal utilizada.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en reiteradas ocasiones que su gobierno rechaza cualquier injerencia externa y enfatizó la soberanía nacional. Para reforzar ese mensaje, propuso una enmienda constitucional que prohíba de forma explícita la intervención extranjera en el territorio nacional, además de desplegar 10,000 soldados en la frontera norte.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, defendió públicamente las operaciones en el Caribe y negó que existieran objeciones legales dentro del Pentágono. Sin embargo, reportes del Wall Street Journal indicaron que abogados militares expresaron reservas que no fueron consideradas.
Mientras tanto, en el Congreso estadounidense, legisladores republicanos impulsan un proyecto de ley que otorgaría al presidente autorización expresa para usar la fuerza militar contra los cárteles, bajo la figura de “narcoterrorismo”. El borrador, redactado por el congresista Cory Mills, permitiría al mandatario emplear “toda la fuerza necesaria y apropiada” contra organizaciones, personas o naciones que, a juicio presidencial, participen en actividades vinculadas con drogas, terrorismo o amenazas a la seguridad nacional.
Expertos legales han advertido que, en el caso de México, la ausencia de un conflicto armado declarado y la falta de una solicitud formal de asistencia por parte del gobierno mexicano complican la justificación de cualquier acción militar unilateral. Michael Schmitt, profesor de derecho internacional, señaló que para que un país pueda alegar legítima defensa bajo el derecho internacional, debe existir un ataque armado o un riesgo inminente de ataque, condición que no se cumple en el contexto actual.
Aunque hasta ahora la administración Trump se ha abstenido de ordenar operaciones directas en México, el propio presidente sugirió recientemente que su gobierno podría ampliar el uso de la fuerza militar contra cárteles que trafican drogas ilícitas por vía terrestre. “Los detendremos de la misma manera que detuvimos a los barcos”, declaró.
El debate en Washington refleja la tensión entre la estrategia de seguridad nacional estadounidense y la defensa de la soberanía mexicana. Mientras la DEA buscaba ampliar su protagonismo en la política exterior mediante propuestas militares, el Pentágono y asesores legales advirtieron sobre las limitaciones jurídicas y los riesgos diplomáticos. La discusión sigue abierta, ahora con la posibilidad de que el Congreso otorgue nuevas facultades al presidente para enfrentar a los grupos criminales considerados narcoterroristas.
