El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enfrenta una profunda crisis interna tras las declaraciones de Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), quien afirmó que el organismo está “condenado a morir” y opera como una “carcasa vacía” debido a la presión política, la censura y la mala gestión presupuestal. Las declaraciones han provocado una respuesta inmediata de Patricia Talavera Torres, comisionada del SNA, quien rechazó categóricamente las acusaciones de censura.
El conflicto estalló luego de que Pérez Morales asegurara que Talavera presionó para eliminar un comunicado en el que se exigía investigar presuntas irregularidades patrimoniales del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández. Dicho posicionamiento, respaldado por comités estatales anticorrupción, solicitaba al Senado revisar inconsistencias entre las declaraciones patrimoniales y fiscales del legislador, en las que se detectó —según el documento— una diferencia cercana a los 78 millones de pesos.
“Detectamos una discrepancia bastante grande entre lo declarado al SAT y lo presentado ante el Senado. Esa falta de congruencia puede considerarse una falta administrativa grave por ocultamiento”, declaró Pérez Morales en entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar.
La presidenta del CPC, quien dejará su cargo en tres meses, aseguró que la remoción del comunicado fue resultado de un “acto de censura” impulsado por miedo a represalias políticas, presuntamente a instancias de Talavera, próxima presidenta del Sistema. “El equipo de apoyo actuó con temor, lo que refleja la presión y el ambiente de intimidación que se vive dentro del SNA”, señaló.
En respuesta, Patricia Talavera Torres negó rotundamente haber intervenido o recibido presiones del Senado u otra autoridad. “Rechazo categóricamente las afirmaciones de censura. Son falsas y carentes de sustento”, afirmó en un comunicado. Además, defendió que el CPC debe actuar con consenso y no con decisiones unilaterales: “Toda comunicación oficial debe reflejar la voz de todos sus integrantes, no la voluntad de una sola persona, especialmente cuando su periodo está por concluir”.
El conflicto entre ambas consejeras ha puesto al descubierto las tensiones internas que desde hace meses afectan al Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 para coordinar esfuerzos ciudadanos e institucionales contra la corrupción.
Pérez Morales advirtió que el SNA atraviesa una parálisis operativa y que su estructura se ha vaciado de contenido técnico. “El sistema ya no sirve. Hoy es puro cascarón”, dijo. Según la funcionaria, la Secretaría Ejecutiva del SNA recibe alrededor de 130 millones de pesos anuales, de los cuales el 90% se destina al pago de sueldos, dejando sin recursos sustantivos los proyectos de investigación y la Plataforma Digital Nacional, herramienta clave que aún no funciona plenamente.
La presidenta añadió que el SNA se encuentra en riesgo de colapso institucional, pues actualmente solo cuenta con dos consejeros activos, lo que impide la celebración de sesiones oficiales. “Al no poder sesionar, el Sistema está muerto jurídicamente. Y el Senado no ha nombrado a los miembros faltantes”, lamentó.
Ante este panorama, Pérez Morales hizo un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a mantener la vigilancia. “Solo la ciudadanía y el periodismo de investigación pueden hoy develar la corrupción en México”, sostuvo.
Por su parte, Talavera reiteró su compromiso con la legalidad y la integridad institucional. “El SNA no solapa ni es cómplice de ningún acto de corrupción de servidor público alguno, sin importar su jerarquía o filiación política. El combate a la corrupción debe realizarse con seriedad, institucionalidad y sin protagonismos personales”, enfatizó.
La comisionada subrayó que la credibilidad del Sistema radica en el trabajo colegiado y en el respeto mutuo entre sus integrantes. “El CPC es un órgano ciudadano, autónomo e independiente, cuya misión fundamental es coadyuvar con las instituciones para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Jamás he actuado bajo presiones ni he sido instrumento de intereses ajenos al propósito institucional”, puntualizó.
La confrontación pública entre ambas integrantes del Comité de Participación Ciudadana refleja una fractura interna que amenaza con debilitar aún más a un organismo que, según su propia presidenta, atraviesa su etapa más crítica desde su creación.
El futuro del Sistema Nacional Anticorrupción dependerá de la capacidad del Senado para renovar sus vacantes, restablecer la operación técnica y garantizar la independencia de su estructura, en un momento en que su legitimidad y eficacia son cuestionadas desde adentro.
