El gobierno federal puso en marcha la Academia Nacional de Seguridad Pública, un proyecto estratégico para unificar los estándares de formación de los servidores públicos encargados de la seguridad en todo el país. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, anunció que la primera generación estará integrada por 250 agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes iniciarán su capacitación el próximo 4 de agosto con un programa de nueve meses de duración.
El proceso de selección para ingresar a esta academia ha sido particularmente riguroso. Desde la publicación de la convocatoria el pasado 31 de marzo, más de 28,000 personas con estudios de licenciatura como requisito mínimo presentaron su solicitud. Todos los aspirantes fueron sometidos a una serie de evaluaciones exhaustivas que incluyeron pruebas físicas, exámenes médicos completos, evaluaciones psicométricas y psicológicas, análisis toxicológicos y pruebas de polígrafo, con el objetivo de garantizar que solo los mejores perfiles ingresen al programa.
Para este 2024, la meta es formar a un total de 1,000 nuevos profesionales de la seguridad, distribuidos en diferentes generaciones. Además del grupo inicial de agentes, en septiembre comenzará el primer curso especializado dirigido específicamente a titulares de secretarías de seguridad estatales, fiscales generales y altos mandos de estas instituciones. Este programa de formación para líderes busca homologar los conocimientos y procedimientos entre las diferentes entidades federativas.
La creación de esta academia responde a los nuevos requerimientos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional recientemente aprobada. Esta legislación introduce cambios significativos en la evaluación del desempeño, ya que por primera vez no solo se evaluará a los individuos, sino que se calificará el funcionamiento completo de las instituciones de seguridad. Entre los nuevos estándares obligatorios, las secretarías de seguridad estatales deberán contar necesariamente con áreas operativas, departamentos de asuntos internos, sistemas de carrera policial y una academia o instituto de formación propio.
En el caso de las fiscalías, la ley exige la creación de áreas especializadas en atención a víctimas, policía de investigación, servicios periciales y fiscalías especializadas en delitos de alto impacto y violencia de género. Cada institución deberá profesionalizar a su personal según las funciones específicas que desempeñen, adaptándose a los diferentes perfiles que establece la normativa.
Figueroa Franco destacó que otro avance importante de la nueva ley es la obligatoriedad de garantizar prestaciones laborales mínimas para todos los elementos policiales del país. “Ya no solo evaluaremos individuos, sino instituciones completas que deben cumplir con estándares de calidad en su organización y operación”, explicó durante la presentación del proyecto.
La academia operará bajo un modelo educativo que combina formación teórica con entrenamiento práctico, incluyendo simulacros de situaciones reales y estudios de caso basados en experiencias nacionales e internacionales. El plan de estudios fue diseñado por especialistas en seguridad pública, derechos humanos y técnicas de investigación, con el apoyo de organismos internacionales.
Este proyecto representa un esfuerzo sin precedentes para superar las grandes disparidades que existen actualmente entre los diferentes cuerpos de seguridad del país. Hasta ahora, cada estado y cada institución contaba con sus propios programas de formación, lo que generaba diferencias significativas en las capacidades y conocimientos del personal. La nueva academia busca establecer un piso mínimo común para todos los servidores públicos del sector.
Las instalaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública cuentan con tecnología de punta para la formación práctica, incluyendo simuladores de conducción, salas de interrogatorio, laboratorios forenses básicos y espacios para prácticas de inteligencia e investigación. El cuerpo docente está integrado por especialistas en activo y académicos con amplia experiencia en seguridad pública.
El proyecto contempla también la creación de una red nacional de academias estatales que funcionarán como extensiones regionales del modelo central, garantizando que la profesionalización llegue a todos los rincones del país. Se espera que en los próximos años, esta nueva estructura de formación permita elevar significativamente los estándares de desempeño en las instituciones de seguridad pública en México.
