Una corte federal de apelaciones falló el viernes que el presidente Donald Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles generalizados, pero por ahora dejó en pie el plan del mandatario de construir un muro proteccionista alrededor de la economía estadounidense. La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo, en gran medida confirmando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio especializado de Nueva York.
Sin embargo, el tribunal anuló una parte de esa decisión que invalidaba los aranceles de inmediato, con el fin de darle tiempo al gobierno de Trump para apelar ante la Corte Suprema. Tras conocer la decisión, Trump dijo que todos los aranceles se mantienen y que con la ayuda de la Suprema Corte se usarán en beneficio del país. La decisión complica las ambiciones de Trump de cambiar por completo décadas de política comercial estadounidense por su cuenta, ya que aunque cuenta con leyes alternativas para imponer impuestos a las importaciones, estas limitarían la rapidez y severidad con la que podría actuar.
Los aranceles implementados por la administración Trump, y la manera errática en que se han aplicado, han generado impactos significativos en los mercados globales, enajenado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos, y aumentado los temores de precios más altos para los consumidores estadounidenses y un crecimiento económico más lento. La medida judicial representa un desafío legal significativo para la estrategia comercial del presidente, aunque el fallo permite que los aranceles se mantengan vigentes durante el proceso de apelación ante la Corte Suprema, lo que otorga al gobierno federal la oportunidad de defender su postura ante el máximo tribunal del país.
El fallo de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal marca un punto crucial en el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de política comercial y la capacidad del presidente para imponer medidas arancelarias sin la autorización explícita del Congreso. La decisión judicial subraya las tensiones constitucionales en torno a la implementación de políticas comerciales unilaterales y establece un precedente importante sobre el equilibrio de poderes en la toma de decisiones económicas que afectan las relaciones comerciales internacionales de Estados Unidos.
