Una corte migratoria de Estados Unidos aplazó la audiencia prevista para el miércoles 12 de noviembre relacionada con la situación migratoria del abogado y empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, luego de que el gobierno estadounidense presentó nuevos argumentos que requieren mayor análisis, por lo que la determinación sobre su posible liberación o deportación se realizará hasta los primeros días de diciembre en una fecha aún por definir.
De acuerdo con fuentes consultadas por Entorno México, el aplazamiento fue solicitado por los abogados del empresario y aprobado por la Corte, debido a que las autoridades estadounidenses sumaron elementos adicionales a su petición de deportación. La información disponible señala que el gobierno pretende que la instancia migratoria considere no solo las irregularidades detectadas en el reingreso de Álvarez Puga a Estados Unidos en 2021, sino también la existencia de una orden de aprehensión vigente en México.
Mientras se define una nueva fecha, Álvarez Puga permanecerá detenido en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, una instalación operada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicada en Florida. El empresario fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del ICE en cumplimiento de una orden de arresto por motivos migratorios y, desde entonces, ha permanecido bajo custodia en el mismo centro, donde ya suma más de siete semanas retenido.
Las fuentes consultadas indicaron que la Corte autorizó un periodo adicional que permitirá a las partes integrar sus argumentos y evidencias antes de que se tome una decisión. Según señalaron, la posibilidad de una libertad bajo fianza está descartada por el momento, mientras continúan las revisiones de los elementos presentados por el gobierno.
En territorio mexicano, Álvarez Puga enfrenta dos órdenes de aprehensión giradas en su contra. Una de ellas corresponde a delitos de índole fiscal y la otra está relacionada con cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalan por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma que habría desviado alrededor de 3 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La situación jurídica del empresario volvió a captar la atención pública tras su detención en Estados Unidos, debido a que en 2021 ya se había emitido una orden de aprehensión en su contra por supuesto lavado de dinero. El caso también ha generado interés por su relación con Gómez Mont, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2015, un antecedente que resurgió tras su arresto por motivos migratorios.
En el contexto del procedimiento migratorio actual, los nuevos argumentos incorporados por el gobierno estadounidense se suman a los elementos previamente considerados sobre el reingreso del empresario en 2021. Con ello, la Corte migratoria deberá analizar tanto las cuestiones administrativas relacionadas con su estancia en Estados Unidos como las implicaciones de las órdenes de aprehensión emitidas en México.
El aplazamiento de la audiencia implica que la decisión final sobre su liberación o deportación no será tomada sino hasta que el tribunal cuente con todos los elementos proporcionados por ambas partes. Mientras tanto, Álvarez Puga continuará en el centro de detención Krome North, en espera de la resolución que definirá su situación migratoria en Estados Unidos.
La reprogramación de la audiencia, prevista ahora para los primeros días de diciembre, se mantiene pendiente de confirmación por parte de la Corte, que deberá establecer la fecha exacta de la comparecencia. Las fuentes consultadas señalaron que tanto la defensa como las autoridades dispondrán del tiempo autorizado para presentar los argumentos adicionales que permitan al tribunal emitir una determinación sustentada en los elementos del caso.
En tanto, el proceso continúa su curso en Estados Unidos mientras en México permanecen vigentes las investigaciones y órdenes judiciales relacionadas con las acusaciones de delitos fiscales, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
