Los integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) emitieron un posicionamiento público en el que solicitaron la intervención de diversas autoridades para verificar posibles incongruencias patrimoniales, fiscales y eventuales conflictos de interés del senador Adán Augusto López Hernández.
El pronunciamiento, firmado por representantes de los comités estatales y nacionales, surge tras la difusión reciente de señalamientos públicos sobre el legislador. Los firmantes señalaron que, ante la relevancia de la investidura senatorial y el deber de ejemplaridad que deben mantener los representantes públicos, resulta indispensable aclarar sin ambigüedades cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
En el documento, los comités subrayaron que este posicionamiento no prejuzga ni condena, sino que constata la existencia de información que amerita verificación oficial, pronta y documentada, de conformidad con la ley.
Llamado institucional a las autoridades
El posicionamiento solicita formalmente la actuación de siete instancias federales y estatales para garantizar un proceso transparente y riguroso.
Al Senado de la República, particularmente a su Mesa Directiva, le piden evitar que la Cámara Alta sea utilizada como escudo político y garantizar que se faciliten las aclaraciones necesarias con la máxima publicidad posible.
Al Órgano Interno de Control (OIC) del Senado se le exhorta a verificar y cruzar la información contenida en las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales del legislador, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue llamado a confirmar la consistencia fiscal de los datos públicos difundidos sobre el senador López Hernández, dentro de sus facultades y tiempos procesales.
Asimismo, los comités pidieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al ente de fiscalización del estado de Tabasco revisar las contrataciones y flujos financieros vinculados al periodo referido, e informar públicamente sus hallazgos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) fueron instadas a valorar la procedencia de abrir o continuar investigaciones sobre eventuales operaciones inusuales y, de ser necesario, judicializar los casos con estricto apego a derecho.
Finalmente, solicitaron la colaboración de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), para que aporte insumos técnicos y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan un esclarecimiento adecuado y documentado de los hechos.
Expectativas de transparencia y legalidad
En su mensaje, los comités ciudadanos reiteraron que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad. Destacaron que la vía institucional para atender señalamientos públicos es investigar, verificar y comunicar resultados basados en evidencia, preservando siempre la presunción de inocencia y el debido proceso.
El posicionamiento también expresa confianza en que las autoridades competentes cumplirán con su trabajo de manera oportuna, técnica y transparente, y que el propio senador López Hernández colaborará voluntariamente para aclarar cualquier duda patrimonial o fiscal.
“La rendición de cuentas y la integridad pública son pilares del servicio público, y su cumplimiento fortalece la confianza ciudadana en las instituciones”, se lee en el comunicado conjunto.
Firmantes del posicionamiento
El pronunciamiento fue suscrito por integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes actúan de forma colegiada y unánime.
Entre los firmantes se encuentran:
- Dra. Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y, por tanto, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
- C. Laura Elisa Morales Villagrán, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
- C. Guadalupe Cecilia Huchin Mora, integrante del Comité de Participación Ciudadana del mismo sistema estatal.
- M.P.P. Keops Gibrán Torres Hernández, consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango.
Los comités firmantes señalaron que su intervención responde al mandato legal y cívico de promover la integridad pública y fomentar la vigilancia ciudadana sobre los actos de los servidores públicos.
Contexto institucional
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue creado como un mecanismo de coordinación entre autoridades y sociedad civil para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, además de fortalecer la rendición de cuentas. Los Comités de Participación Ciudadana (CPC) son su brazo social y ciudadano, con la facultad de emitir pronunciamientos públicos ante posibles vulneraciones a los principios de integridad y transparencia.
En este caso, los integrantes del sistema anticorrupción reiteraron que su pronunciamiento no implica una acusación, sino una solicitud institucional de verificación que busca mantener la confianza pública en las autoridades y fortalecer los mecanismos de control interno.
“La integridad pública no debe ser negociable ni pospuesta, y su cumplimiento debe comenzar por quienes ocupan cargos de representación”, concluye el texto.
