Por segunda ocasión, el Congreso de Yucatán rechazó una reforma constitucional para despenalizar el aborto, desatendiendo una orden judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con 21 votos a favor y 13 en contra, la iniciativa no alcanzó los 24 sufragios necesarios para su aprobación, manteniendo al estado en desacato con el Poder Judicial federal.
La bancada del PAN y el PVEM votaron en contra, mientras que Morena, PT, Movimiento Ciudadano y un legislador del PRI apoyaron el dictamen. La diputada morenista Clara Paola Rosales Montiel advirtió que el desacato constituye “violencia institucional”. El Congreso podría enfrentar una multa de 259 mil pesos por incumplir la sentencia de amparo que obliga a garantizar los derechos reproductivos.
Reforma judicial cuestionada
En la misma sesión, los diputados aprobaron una reforma al Poder Judicial que permite a la magistrada electa Erika Torres López renunciar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y ceder el cargo a un hombre, Hernán Vega Burgos. La modificación, respaldada por Morena y PAN, fue criticada por la oposición como un retroceso en paridad de género.
La diputada Larissa Acosta Escalante (Movimiento Ciudadano) calificó la medida de “machista” y alertó que Torres López podría convertirse en “la más Juanita de todas las Juanitas”, en referencia a la práctica de sustituir mujeres en cargos públicos por hombres. A pesar de los cuestionamientos, la reforma fue aprobada con votos de Morena, PAN, PVEM y PT.
Implicaciones legales y políticas
El rechazo a la despenalización del aborto mantiene a Yucatán en conflicto con la SCJN, que en 2021 ordenó eliminar los obstáculos legales a la interrupción del embarazo. Organizaciones civiles han anunciado acciones legales para exigir el cumplimiento de la sentencia.
Por otro lado, la reforma judicial ha generado debate sobre la paridad en cargos públicos, especialmente tras la elección histórica de Torres López mediante voto popular. Analistas señalan que la medida refleja tensiones políticas internas y podría afectar la credibilidad del Poder Judicial estatal.
Esta noticia es relevante porque evidencia un doble retroceso en derechos y paridad: por un lado, el desacato del Congreso de Yucatán a una sentencia de la Suprema Corte vulnera el Estado de derecho y los derechos reproductivos; por otro, la reforma judicial podría despojar a la primera mujer electa para encabezar el Poder Judicial estatal, reforzando prácticas discriminatorias que perpetúan la exclusión de las mujeres de los puestos de mayor poder.
