El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que ha afectado la economía nacional en miles de millones de pesos. Entre los detenidos en operativos realizados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México se encuentran tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas.
Los implicados, identificados como Manuel Roberto Farías Laguna, Fernando Farías Laguna, Climaco N, Humberto Enrique N, Sergio N, Carlos de Jesús N, Francisco Javier N, Endira Xóchitl N, Perla Elizabeth N, Anatalia N, Ismael N, Anuar N, Héctor Manuel N y José N, formaban parte de una estructura criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Las detenciones son resultado de investigaciones iniciadas en marzo pasado, cuando se aseguraron 10 millones de litros de diesel en el puerto de Tampico, uno de los decomisos más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito.
La investigación reveló que la organización criminal operaba mediante la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte y agencias aduanales. Servidores públicos presuntamente facilitaban las operaciones ilícitas, permitiendo la introducción y distribución ilegal de hidrocarburos en el país. Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar la logística completa de la estructura criminal tras meses de trabajo de gabinete y vigilancia.
García Harfuch detalló que, con el fin de desmantelar la red de corrupción, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, que contribuyó a identificar movimientos financieros irregulares. Estos incluían depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y seguros con primas por montos superiores, todos incongruentes con los perfiles económicos de las personas investigadas.
Como resultado de estas investigaciones, se integraron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República y se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Además, se integró a 20 objetivos en la lista de personas bloqueadas, tanto físicas como morales, relacionadas directamente con la red criminal. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso.
El operativo de marzo pasado que dio origen a estas investigaciones incluyó la inspección de una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y la ejecución de dos cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas. En esas acciones se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además del aseguramiento de los 10 millones de litros de diesel que representaban una pérdida millonaria para la economía nacional.
Las indagatorias continúan en proceso y las autoridades anticipan que podrían realizarse más detenciones en el futuro cercano a medida que avance la investigación. El caso representa uno de los golpes más significativos contra el contrabando de hidrocarburos en México, un delito que ha generado pérdidas económicas sustanciales y que frecuentemente involucra la complicidad de funcionarios públicos y miembros de instituciones de seguridad.
La participación de marinos en activo y retirado en la red criminal representa un aspecto particularmente preocupante del caso, ya que sugiere la infiltración de elementos de las fuerzas armadas en actividades delictivas. Asimismo, la implicación de cinco funcionarios de aduanas indica la existencia de corrupción en puntos clave de entrada y salida del país, facilitando las operaciones ilícitas de la organización.
Las autoridades han enfatizado su compromiso con continuar las investigaciones hasta detener a todos los involucrados en este delito, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional y el uso de inteligencia financiera para combatir redes criminales complejas que operan con la complicidad de servidores públicos.
