Al menos 400 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, en la capital de Zacatecas, fueron víctimas de pornografía infantil el pasado 10 de noviembre, luego de que un alumno de tercer año utilizara herramientas de inteligencia artificial para crear y difundir imágenes falsas de sus compañeros desnudos en redes sociales y sitios de internet. Padres de familia y alumnos protestaron frente al plantel para exigir justicia y la intervención de las autoridades educativas y judiciales.
Las imágenes manipuladas fueron difundidas en una cuenta de Instagram y en un sitio de Google creado exclusivamente para alojar el material. En ambas plataformas se publicaron nombres completos, grados y grupos de cada uno de los menores afectados.
“Nos quitaron la ropa con inteligencia artificial. A todas las jóvenes y a los niños nos subieron desnudos. Un niño, dicen que son tres, pero el principal es uno solo, tomó fotos de todos en el patio, en educación física, afuera de los baños, y luego las editó para que pareciera que estábamos posando en páginas de pornografía”, relató una alumna de segundo año que encabezó las protestas con apoyo de su madre.
De acuerdo con las víctimas, el estudiante responsable pasaba semanas merodeando los sanitarios de hombres y mujeres con su celular en mano. “Se paraba en la puerta y cuando salíamos nos tomaba fotos rápido. A mí me capturó en educación física mientras hacía la salida baja en el gimnasio”, narró otra estudiante entre lágrimas.
Las fotografías originales fueron procesadas con aplicaciones de inteligencia artificial que eliminan ropa, alteran rasgos físicos y agregan fondos de estudios profesionales, generando imágenes falsas con apariencia real. Cualquier usuario con acceso a los perfiles creados por el agresor podía descargar o compartir el material. En un principio se distribuyeron en grupos privados de WhatsApp, pero después se difundieron en redes públicas.
Gabriela Rodríguez, madre de una alumna de segundo grado, mostró en su teléfono capturas de pantalla del sitio donde aparecía su hija. “Aproximadamente 400 o hasta más, porque fue toda la escuela. Los tenía hasta por grado y grupo, todo registrado con su nombre. Subía el nombre completo a las redes sociales”, dijo visiblemente afectada.
Las primeras alumnas que denunciaron el caso ante maestras y prefectos fueron ignoradas. A medida que aumentaban las quejas, varios padres acudieron con los maestros de grupo. El director del plantel citó a los padres del alumno agresor y los encerró en la enfermería junto a la trabajadora social.
Horas después, las cuentas de Instagram y Google habían sido eliminadas y el celular del estudiante formateado. Algunos maestros confiscaron teléfonos de otros alumnos para borrar el material descargado. “Encerraron al niño ahí en enfermería con sus familiares, y ya cuando salieron toda la evidencia estaba borrada. Luego hasta culpaban a las muchachitas, diciendo que era por usar falda corta”, contó la madre de una de las afectadas.
La mañana del lunes 10 de noviembre, padres de familia llegaron al plantel en el horario habitual de entrada, pero en lugar de permitir el ingreso de los alumnos, iniciaron una protesta. Con lonas que decían “¡No más pornografía infantil con IA!” y “¡Directivos cómplices!”, bloquearon el acceso a la escuela. En respuesta, los directivos cerraron las puertas del recinto.
Los manifestantes bloquearon el tráfico del bulevar principal en un sentido y, al no recibir respuesta de las autoridades, interrumpieron la circulación en ambos carriles, provocando un severo congestionamiento vehicular en la capital zacatecana.
Las madres afectadas justificaron la protesta por la gravedad del caso y el temor de que el catálogo pornográfico se haya difundido a nivel mundial. “No sabemos hasta dónde haya llegado esto y nuestras hijas están en peligro. Ellos no entienden la magnitud”, expresó Raquel Díaz, madre de una de las víctimas.
Los manifestantes exigieron la expulsión definitiva del alumno agresor y de sus cómplices, sanciones administrativas y penales contra el director, prefectos y trabajadora social por encubrimiento, peritaje a los dispositivos del plantel y atención psicológica gratuita para las más de 400 víctimas.
Ante la magnitud del caso, elementos de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas (FGE) acudieron al lugar encabezados por Allan López, fiscal especializado en derechos humanos. El funcionario informó que se abrió una carpeta de investigación para identificar y sancionar a los responsables.
“Son delitos contra la intimidad sexual. Pedimos a las familias que denuncien y confíen en la Fiscalía. Se ofrecerá acompañamiento psicológico y asesoría jurídica para las víctimas desde la presentación de la denuncia hasta su conclusión”, declaró López.
A pesar de la intervención de la FGE, los padres de familia criticaron la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas. Exigieron la presencia de la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo, quien no acudió al lugar y envió representantes para ofrecer una mesa de diálogo, lo que incrementó el malestar de los manifestantes.
