La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este miércoles en el Palacio del Ayuntamiento un paquete de 14 medidas para combatir la gentrificación y garantizar el acceso a vivienda asequible. El anuncio se realizó bajo fuerte dispositivo de seguridad, luego de que el gobierno capitalino modificara dos veces el horario y la sede del evento ante la expectativa de manifestaciones.
Originalmente programada en el Museo de la Ciudad de México, la conferencia fue reubicada en el Palacio del Ayuntamiento para evitar posibles protestas. Desde temprano, policías con escudos resguardaron los accesos al Zócalo, especialmente en calles como Pino Suárez y 20 de Noviembre.
Brugada dio a conocer el Bando Uno: “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, que incluye estrategias para frenar el desplazamiento de residentes por alzas en rentas y la especulación inmobiliaria. Entre las acciones destacan la regulación de precios de alquiler, la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios y la promoción de vivienda pública en zonas céntricas.
Medidas clave contra la gentrificación
Una de las principales acciones es limitar los aumentos de renta al porcentaje de inflación reportado por el INEGI, tal como lo establece el artículo 2448 del Código Civil. Además, se establecerá un índice de precios de alquiler razonable y se identificarán zonas de tensión inmobiliaria, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Otra medida relevante es la regulación de plataformas de alojamiento temporal, como Airbnb, para evitar que la oferta de viviendas en renta corta afecte el mercado residencial. También se creará una Ley de Rentas Justas para equilibrar los derechos y obligaciones entre arrendadores e inquilinos.
En materia de vivienda pública, el gobierno impulsará proyectos con enfoque sostenible en zonas de alta demanda, así como apoyos para ampliar espacios habitacionales en barrios populares. Se prevé además un Plan Maestro con consultas ciudadanas en las zonas más afectadas.
La nueva Defensoría de Derechos Inquilinarios brindará asesoría jurídica, mediará en conflictos y sancionará desalojos ilegales. Asimismo, se lanzará un Observatorio de Suelo y Vivienda para monitorear precios y contratos.
Para proteger el comercio local, habrá estímulos económicos que eviten el cierre de pequeños negocios. También se fomentará la participación vecinal en la toma de decisiones urbanas.
En los próximos días, el gobierno iniciará mesas de diálogo con autoridades de vivienda y habitantes para afinar las estrategias. Sin embargo, aún no se han definido fechas concretas para la implementación de las medidas.
Con estas acciones, la administración de Brugada busca frenar el desplazamiento de residentes y garantizar que la CDMX siga siendo una ciudad accesible para sus habitantes.
Estas son las 14 medidas:
1-. Estabilizar las rentas en la ciudad, las cuales no podrán tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como lo indica el código civil en el artículo 2448.
2.- Se establecerá el índice de precios de alquiler razonable y zonas tensión inmobiliaria, con el fin de crear políticas públicas para fortalecer a las comunidades originarias, y así frenar los desplazamientos involuntarios.
3.- Se fortalecerá la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, con la intención de regular el alquiler de la vivienda de uso temporal.
4.- Se creará la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, un organismo público que dará apoyo legal, mediación y defensa para sancionar abusos o desalojos ilegales. Además de promover nuevas relaciones entre arrendatarios y arrendadores.
5.- Creación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que regulará los precios de alquiler de vivienda. Y equilibrar derechos y obligaciones entre arrendadores y arrendatarios.
6.- La creación de vivienda pública con enfoque sostenible. Se priorizará la construcción de vivienda pública en zonas céntricas y de presión inmobiliaria.
7.- Creación de vivienda pública en renta para sectores prioritarios.
8.- Énfasis en vivienda nueva progresiva, en donde se fortalecerán los apoyos de vivienda para ampliar espacios habitacionales en barrios populares.
9.- Mayor coordinación con sector público, para combatir la especulación inmobiliaria que ocasiona los altos precios en compra y renta, además de la mercantilización de la misma.
10.- Plan Maestro, una consulta pública entre habitantes de la zona con mayor tensión inmobiliaria de la CDMX, en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y frenar los altos precios en vivienda.
11.- Programa de arraigo comunitario, protección, y preservación del espacio público.
12.- Estímulos a comercios locales y así evitar su cierre o desaparición, con la intención de fortalecer la economía barrial de las pequeñas empresas.
13.- Participación comunitaria en la gestión, a través de consultas y participación de las comunidades.
14.- Creación del Observatorio de Suelo y Vivienda, que vigilará los precios de las viviendas, contrato y suelo, así como rentas de largo y corto plazo, y con respaldo jurídico.
