Tras una larga audiencia de 14 horas una jueza federal ordenó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por lo que llevará su proceso dentro del Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó más de 120 datos de prueba, entre análisis financieros y entrevistas, que sustentan la hipótesis de un posible uso indebido de fondos provenientes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. Según lo expuesto por la FGR, Duarte habría transferido recursos mediante diversas empresas ganaderas y un par de compañías dedicadas a la agricultura, con las cuales se presume que fueron desviados poco más de 73 millones de pesos durante su administración.
Además, la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita se suma a la investigación por peculado que enfrenta en Chihuahua. Por ello, la autoridad judicial dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar que el exmandatario podría obstaculizar las investigaciones debido a su influencia. Se prevé que este fin de semana sea definida su situación jurídica y que se determine si será vinculado a proceso o no, lo cual marcará el rumbo inmediato del caso.
La FGR afirmó que la principal línea de investigación se basa en el supuesto desvío de recursos federales mediante empresas vinculadas a Duarte. Los señalamientos sostienen que, mientras ejercía como gobernador, habría destinado fondos públicos a compañías relacionadas con él, lo que forma parte de una presunta red de manejo irregular de recursos. Paralelamente, investigaciones previas apuntan a que Duarte pudo haber incurrido en malversación de fondos públicos por más de mil millones de pesos, lo que amplía el alcance de los procesos que enfrenta.
El caso tiene antecedentes relevantes. Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, Estados Unidos, donde permaneció en prisión durante dos años hasta que fue extraditado a México el 2 de junio de 2022. Antes de su captura, había permanecido prófugo desde 2017, tres años después de concluir su mandato en Chihuahua, periodo en el que fue señalado como presunto artífice de una estructura de corrupción que habría afectado severamente las finanzas estatales entre 2010 y 2016.
Su arresto más reciente se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, misma que lo mantiene ahora recluido en un penal de máxima seguridad mientras avanza el proceso en su contra.
