El mercado ilícito de tabaco y vapeadores, controlado por siete cárteles y valuado entre 15 y 20 mil millones de pesos al año, genera ingresos adicionales para la delincuencia organizada y opera sin metodologías claras de combate por parte de las autoridades, según el estudio Humo, vapeo y poder: El nuevo negocio del crimen organizado, presentado por la organización Defensorxs.
El informe, elaborado por Roberto Balmen y presentado por Miguel Meza, Roberto Peña y Armando Vargas, detalla cómo estas actividades se han consolidado debido a la prohibición del uso de vapeadores y la falta de regulación efectiva.
El documento señala que, mientras la industria formal del tabaco mantiene sus operaciones reguladas, un mercado paralelo ha florecido y se ha convertido en una fuente de recursos para organizaciones criminales. De acuerdo con los cálculos incluidos en la investigación, este mercado no reporta ingresos a las tesorerías nacionales ni estatales, pero sí alimenta la estructura financiera de los grupos delictivos que han encontrado en el contrabando de cigarrillos y la distribución ilegal de vapeadores una vía para obtener dinero, poder y control.
Las siete organizaciones criminales identificadas como participantes en este mercado ilícito son los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, del Golfo, del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito. La prohibición del vapeo, según el estudio, ha sido un motor que impulsa esta actividad ilegal, al convertir los dispositivos electrónicos para fumar en productos controlados por el crimen organizado.
Los grupos delictivos utilizan las ganancias para adquirir armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que posteriormente son empleados en la comisión de otros delitos.
Durante la presentación del informe, los ponentes destacaron la ausencia de metodologías claras por parte de las autoridades para enfrentar este fenómeno. En particular, se subrayó que las políticas actuales de seguridad se enfocan de forma desproporcionada en narcóticos tradicionales, dejando sin atención otros mercados ilícitos en expansión.
Armando Vargas, de México Evalúa, expuso que esta falta de enfoque integral ha permitido que el mercado ilegal de tabaco y vapeadores crezca sin control y se consolide como una fuente relevante de financiamiento criminal.
Vargas agregó que la política de seguridad nacional no considera las distintas realidades del territorio, lo que ha contribuido a fallas estructurales acumuladas durante dos décadas. Señaló que estas deficiencias se acentuaron en el sexenio pasado y ahora representan un desafío heredado para la presidenta Claudia Sheinbaum. En este contexto, el mercado ilícito se mantiene como un sector lucrativo para la delincuencia, mientras la ausencia de regulación efectiva sigue generando oportunidades para grupos criminales.
El estudio también recopila los principales alcances de la investigación, entre ellos el valor económico anual del mercado ilícito, la influencia de la política prohibicionista y la identificación de las organizaciones que lo controlan. Asimismo, destaca que la comercialización ilegal de vapeadores ha ocurrido sin supervisión sanitaria y se ha convertido en un riesgo para la salud pública, especialmente entre adolescentes.
Paralelamente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de prohibir por completo la venta, distribución y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores. El dictamen, aprobado con 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención, deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y establece un nuevo capítulo en la ley para fijar la prohibición absoluta de fabricar, importar, exportar, almacenar o vender estos dispositivos, así como de realizar cualquier tipo de publicidad relacionada.
La reforma incorpora sanciones penales que van de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs para quienes incumplan las disposiciones. De acuerdo con el dictamen, los vapeadores constituyen un riesgo sanitario emergente y su comercialización se ha desarrollado sin control, lo que ha favorecido su integración en el mercado ilícito dominado por grupos criminales.
El informe Humo, vapeo y poder y la reforma aprobada por la Comisión de Salud coinciden en que la falta de regulación y las políticas prohibicionistas han contribuido al crecimiento de un mercado ilegal que fortalece a organizaciones criminales y genera riesgos adicionales para la salud pública y la seguridad nacional.
