La Cámara de Diputados aprobó este martes, por unanimidad con 450 votos, la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que establece castigos de hasta 42 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada, conmutación de la pena o reducción de condena.
El dictamen, discutido y votado de urgente resolución en el Palacio de San Lázaro, fue avalado con los cambios enviados por el Senado y turnado al Ejecutivo para su publicación, con el objetivo de fortalecer la persecución de este delito en todo el país.
La nueva Ley contra la Extorsión fija una pena básica de entre 15 y 25 años de cárcel, además de una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 56 mil 570 pesos. Según el texto aprobado, la sanción se aplicará a quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.
El marco legal incluye un catálogo de 34 agravantes, divididas en tres apartados, que incrementan las penas dependiendo de las circunstancias del caso y de las características de la víctima.
Entre las agravantes, la ley contempla aumentos de entre cuatro y ocho años de prisión —con posibilidades de alcanzar hasta 33 años— cuando la extorsión esté vinculada al cobro de piso o se dirija a personas dedicadas a actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados. También se aplica en casos en los que el delito sea cometido en nombre de un sindicato, organización o agrupación, ya sea de manera real o simulada.
El dictamen establece, además, incrementos de entre cinco y 12 años de cárcel, para llegar hasta un máximo de 37, cuando la extorsión se cometa en contra de personas migrantes, menores de 18 años, adultos mayores de 60 años o mujeres embarazadas. El aumento también aplica si existe una relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios entre el agresor y la víctima.
Asimismo, se sumarán entre siete y 17 años de prisión, para alcanzar los 42 años máximos, cuando se emplee violencia física, se exija el pago de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado intencionalmente o relacionado con un supuesto accidente también intencional.
El proyecto restituyó la pena de diez a veinte años de prisión para servidores públicos encargados de procurar o impartir justicia, o custodiar centros penitenciarios, que teniendo conocimiento de actos de extorsión omitan denunciarlos ante el Ministerio Público. Esta medida retomó lo planteado originalmente, luego de que una reducción a cinco y doce años impulsada por diputados del oficialismo fuera revertida durante la revisión del Senado.
La nueva norma establece bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la persecución de este delito y de los relacionados con él. Para ello, incluye la homologación de un solo tipo penal aplicable en todas las entidades federativas, así como la persecución de oficio y la posibilidad de realizar denuncias anónimas mediante el número telefónico 089.
Durante el debate, legisladores del Partido Acción Nacional, entre ellos Marcelo Torres y Miguel Ángel Monraz, criticaron a Morena y sus aliados por intentar disminuir penas que, según expusieron, eran más altas en la legislación vigente de ciertos estados. Señalaron que el Senado corrigió el proyecto en los términos que ellos habían advertido. Torres afirmó que las modificaciones coincidían con lo expuesto por su bancada y acusó al oficialismo de soberbia durante la discusión inicial.
En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó de altaneras, ruines, provocadoras y mezquinas las expresiones de Acción Nacional. Sostuvo que era necesario evitar actitudes facciosas y de soberbia dentro del debate parlamentario. Monreal reconoció, no obstante, la responsabilidad compartida de Morena en la versión aprobada previamente en la Cámara de Diputados y ajustada por el Senado de la República.
Con esta aprobación, el Congreso concluye el proceso legislativo de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que ahora queda en manos del Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
