La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 17 nuevas irregularidades en el manejo de fondos federales durante el último año del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública 2024 entregados a la Cámara de Diputados. Las auditorías revelan posibles malos manejos y desvíos de recursos, incluso en partidas destinadas a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, lo que ha encendido nuevas alertas sobre la gestión del gasto público en el estado.
Los resultados preliminares señalan que la administración de Blanco, que concluyó el 30 de septiembre de 2024, no logró comprobar el uso de 148.4 millones de pesos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación U013 del IMSS-Bienestar, recursos federales que debían ser utilizados para la compra de medicinas y materiales médicos dirigidos a la población sin seguridad social.
Irregularidades en fondos para salud
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento financiero número 1284, la ASF determinó que el gobierno de Morelos no presentó documentación comprobatoria suficiente que acreditara la aplicación de los recursos recibidos. El informe señala que el estado no pudo demostrar mediante facturas, reportes de entrega o evidencia física que el dinero fue utilizado en los fines previstos por el convenio.
“Si bien el estado recibió recursos líquidos y en especie para tales fines, no fue posible acreditar mediante facturas, reportes de entrega o evidencia física la correcta aplicación de 148.4 millones de pesos”, indica el documento oficial.
Hasta el cierre de la auditoría en julio de 2025, dichos fondos no habían sido justificados ni devueltos, por lo que la ASF presume un posible daño patrimonial. En consecuencia, se iniciaron procedimientos de sanción administrativa contra los responsables, además de que la Auditoría podría presentar denuncias penales si no se solventan las observaciones.
Malos manejos en obras públicas y gasto educativo
Las revisiones correspondientes a la Cuenta Pública 2024 también detectaron irregularidades en contratos de obra pública e infraestructura social, así como inconsistencias en la comprobación de avances físicos y en la documentación de los proyectos. Entre las anomalías destacan conceptos duplicados, reportes fotográficos incompletos y deficiencias en los documentos de propiedad de inmuebles.
Estas deficiencias representan un posible daño al erario de 23.8 millones de pesos, según los reportes de los auditores. En tres proyectos de infraestructura social se identificaron pagos por volúmenes no ejecutados, falta de beneficiarios localizados y obras sin comprobación de operación o especificaciones técnicas.
Además, la ASF detectó pagos superiores a seis millones de pesos destinados a programas de apoyo alimentario para estudiantes en planteles educativos, sin que existan pruebas documentales de que los recursos hayan sido realmente utilizados en esos fines.
Irregularidades laborales y sobrecostos
El informe también señala pagos no justificados a trabajadores eventuales del Hospital del Niño Morelense, quienes habrían recibido remuneraciones sin contratos formales ni comprobación de actividades realizadas. Estos movimientos implican un monto irregular superior a cinco millones de pesos, además de pagos por acciones no autorizadas en convenios federales de salud.
En materia de infraestructura, los auditores detectaron sobreprecios y sobreestimaciones en la instalación de cisternas, con rendimientos laborales no comprobados y violaciones a las leyes estatales de obra pública. Estas prácticas representan posibles desvíos por 2.7 millones de pesos adicionales.
Acumulado de irregularidades supera los 6,400 millones de pesos
Con estas nuevas observaciones, la ASF calcula que el monto total de recursos federales observados durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco (2019-2024) asciende a 6 mil 456 millones de pesos. Estas irregularidades provienen de 170 casos potenciales de negligencia o corrupción detectados en el manejo de más de una decena de fondos federales y partidas de gasto federalizado.
Los informes advierten que gran parte de estas observaciones no han sido solventadas, a pesar de que algunas fueron señaladas desde los primeros años de la administración estatal.
Falta de esclarecimiento y denuncias pendientes
Hasta la fecha, la Auditoría Superior de la Federación se mantiene a la espera de la evidencia que justifique el destino de los recursos observados. Sin embargo, pese a que varias anomalías fueron reportadas hace más de cinco años, aún no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las auditorías apuntan a que la falta de comprobación documental y la inacción administrativa han prolongado la incertidumbre sobre el destino final de los recursos públicos durante la gestión de Blanco. La ASF reiteró que, de no recibir la información que acredite el uso adecuado de los fondos, procederá conforme a la ley para deslindar responsabilidades y, en su caso, iniciar las acciones penales correspondientes.
