La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló probables irregularidades por 6 mil 969 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, de los cuales se lograron recuperar mil 146 millones y permanecen pendientes de aclaración 5 mil 823 millones más, según informó el auditor superior David Colmenares durante la presentación de la segunda de tres entregas de informes de fiscalización correspondientes al último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados.
Al presentar el informe consolidado de la ASF, Colmenares subrayó que más auditorías relevantes siguen en curso, con la meta de sumar alrededor de 2 mil millones de pesos adicionales en observaciones y presentar la información final completa en febrero de 2026. Del total de 6 mil 969 millones de pesos observados, más de 86 por ciento -equivalente a 6 mil 004 millones- corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, particularmente en los rubros de salud, infraestructura física y educación.
Los gobiernos estatales y municipales tienen 5 mil 021 millones de pesos pendientes de aclarar según las auditorías realizadas, mientras que más de 965 millones de pesos en irregularidades corresponden a entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación, que en su caso deben explicar aún el destino de 802 millones de pesos de recursos públicos.

Entre los conceptos con mayor cuantificación monetaria de irregularidades por aclarar destacan el gasto de estados y municipios en materia de salud, con mil 591 millones de pesos; en infraestructura física y saneamiento financiero, con mil 391 millones; en educación, con mil 330 millones, e infraestructura social, con 666 millones de pesos, conformando en conjunto las áreas que concentran las observaciones más significativas en términos de monto económico.
Colmenares hizo notar que los gobiernos de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no tuvieron observación alguna en las auditorías de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, destacando como entidades que cumplieron con los requerimientos de transparencia y correcta aplicación de recursos federales transferidos.
Por lo que respecta a las instancias federales, tan solo el Poder Judicial de la Federación concentra observaciones pendientes de aclarar por 272 millones de pesos, seguido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad, con 72 millones; la Secretaría de Marina, con 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 34 millones, y la Secretaría de Salud, con 19 millones, entre otras dependencias que presentan saldos pendientes de justificación.
El titular de la ASF informó que tan solo de la fiscalización incluida en la segunda entrega se recuperaron mil millones de pesos, pero el total acumulado en su gestión asciende a 28 mil millones de pesos, reflejando el trabajo sistemático de recuperación de recursos que se ha realizado durante el actual periodo de fiscalización superior.
“Las observaciones vinculadas al indebido ejercicio de recursos públicos aún podrían, de ser el caso, aclaradas por las entidades fiscalizadas en la etapa de seguimiento, por lo que es de suma importancia atender las notificaciones que realizaremos como consecuencia de esta segunda una entrega de informes”, puntualizó Colmenares durante su comparecencia ante los diputados federales, enfatizando el carácter preliminar de algunas observaciones que podrían ser solventadas mediante los procesos de aclaración posteriores.
La presentación de esta segunda entrega de informes de fiscalización forma parte del proceso establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que establece un calendario específico para la revisión de la cuenta pública una vez que ha sido turnada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación final una vez concluido el proceso de aclaraciones correspondiente por parte de las entidades fiscalizadas que recibieron observaciones por parte del órgano técnico de control.





