La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina (Semar) que habría estado vinculada al contrabando de combustible y cuyo señalamiento alcanzó a altos mandos, así como al asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.
De acuerdo con un expediente presentado por Latinus, Guerrero Alcántar denunció la existencia de un esquema de huachicol fiscal supuestamente liderado por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La denuncia se hizo mediante una carta fechada el 14 de junio de 2024, dirigida al propio Ojeda Durán en la etapa final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En ese documento, Guerrero Alcántar señalaba directamente a los hermanos Farías como responsables de actos ilícitos dentro de la institución.
Con la llegada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, Guerrero Alcántar fue citado el 10 de octubre de 2024 a las oficinas del actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales. Semanas después, el 8 de noviembre de 2024, el contralmirante fue asesinado en Manzanillo.
El expediente de la FGR señala que el homicidio podría estar relacionado con las denuncias que había realizado. “Infiriéndose una relación directa de su homicidio con la reunión del 10 de octubre de 2024 a las 13:00 horas en las oficinas del C. Almirante Secretario, posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas que refiere en su manuscrito involucradas en una red de corrupción en las aduanas”, se lee en el documento.
Los investigadores también consideran la hipótesis de que personal de la Marina conocía el paradero de Guerrero Alcántar. Días antes de su muerte, se le autorizó una licencia para ausentarse de sus deberes, durante la cual informó de manera precisa dónde estaría. Esa información, señala el expediente, era del dominio exclusivo de integrantes de la Marina.
El caso ha generado cuestionamientos sobre un posible encubrimiento institucional respecto a las actividades de Manuel Roberto y Fernando Farías, quienes según las investigaciones encabezaban la red ilícita.
La operación ilegal quedó en evidencia con la detención de 14 personas, entre ellas marinos, agentes aduanales y empresarios. Las pesquisas apuntan a que el grupo permitía la descarga de gasolina de contrabando en el puerto de Tampico, Tamaulipas, a cambio de sobornos.
Los pagos se realizaban mediante intermediarios, entre los cuales figura Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el “Capitán Sol”. De acuerdo con un reporte de inteligencia citado por Reforma, este ex capitán de corbeta aparece también como uno de los personajes vinculados al asesinato de Guerrero Alcántar.
El informe de la FGR describe que los sobornos eran entregados para que las autoridades facilitaran las operaciones de descarga de combustible introducido de manera ilegal. Este esquema de huachicol fiscal revelaría un entramado de complicidades entre personal militar y actores privados.
El asesinato de Guerrero Alcántar, ocurrido menos de un mes después de su reunión con el nuevo titular de la Semar, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la investigación. La Fiscalía considera que sus denuncias lo colocaron en una situación de riesgo y que la información contenida en su carta es clave para entender la trama.
Hasta ahora, la FGR continúa indagando tanto la red de corrupción como los posibles vínculos del crimen de Manzanillo con las revelaciones de Guerrero Alcántar. La investigación permanece abierta y busca determinar la participación de funcionarios y exfuncionarios navales en el caso.
El expediente señala que la red encabezada por los hermanos Farías operó en distintas aduanas del país, pero fue en Tampico donde se documentaron con mayor claridad los movimientos de combustible y los pagos ilegales a través de intermediarios.
Los hallazgos refuerzan la sospecha de que la denuncia del contralmirante representó una amenaza directa para los intereses de los implicados y que su homicidio está estrechamente relacionado con el esquema de corrupción que describió en su carta de junio de 2024.
Este caso se suma a otros procesos en los que la FGR indaga presuntas irregularidades dentro de las Fuerzas Armadas y coloca bajo la lupa a la Semar en torno a uno de los crímenes más graves contra un alto mando en los últimos años.
